Sumar coloca a ras de suelo el listón de su código ético

Hubo una época, cuando gobernaba la derecha, que la izquierda era tan contundente contra la corrupción política que bastaba con que el nombre de un político del PP apareciera vinculado a cualquier escándalo para que, sin esperar al pronunciamiento de la justicia, tuviera que dimitir ipso facto. Las cosas han cambiado: la izquierda gobierna y, en consecuencia, han bajado el listón de sus exigencias éticas al nivel del suelo, no vaya a ser que se vean obligados a probar su propia medicina. Sumar, por ejemplo, ha enviado su primer código ético a sus militantes y, qué casualidad, la imputación judicial –una figura ahora rebautizada como investigado– no conllevará directamente la dimisión. O sea, de reclamar la dimisión antes de que se pronunciara un juez, la izquierda radical ha pasado a atrincherarse en el cargo aunque un juez observe indicios delictivos. No dirán ustedes que no es una transformación en toda regla.

Podemos fue el precursor de esta teoría del embudo en materia de corrupción y la formación de Yolanda Díaz ha cogido el testigo. Cuando el partido morado sufrió una oleada de condenas estipuló que ni con el procesamiento, ni tras la celebración de un juicio oral, ni tras la notificación de una condena en firme la dimisión era obligatoria. Se inventaron la milonga esa del acoso judicial -lawfare le llaman los cursis- para no dimitir bajo ningún concepto. En Sumar no han llegado a tanto, por ahora. Eso sí, los miembros de la formación de Yolanda Díaz tendrán que rechazar cualquier obsequio superior a 100 euros, y tampoco podrán acumularlos por un valor superior a 200 euros durante un año. La cuestión de fondo, en todo caso, está en el cambio que la izquierda ha hecho en materia de corrupción. Toda una transformación derivada de su llegada al poder. Ya saben: aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.