La solidaridad de Baleares y el REB

Baleares ha sido siempre solidaria con la caja única del Estado. Somos con diferencia los mayores aportadores en relación a nuestro tamaño poblacional y, por ello, tenemos el orgullo de haber colaborado de forma muy importante en la consecución del desarrollo de España con una solidaridad interterritorial máxima.

En las Islas mantenemos este esfuerzo solidario y ello a pesar de que las circunstancias han variado sensiblemente. Si en los años 90 Baleares estaba a la cabeza de las comunidades en el ranking de riqueza, en los años 2000 pasamos a ocupar la mitad de la tabla, concretamente el puesto número siete de las 17 comunidades autónomas.

Tras estos siete años de gobiernos del Pacto de izquierdas nos encontramos que – según la fundación Fedea y el mismo CSIC- el archipiélago se ha precipitado desde el puesto siete al 13 en el concierto estatal del Producto Interior Bruto per cápita. Todo un batacazo. Además, Baleares ha superado en muchas ocasiones el porcentaje del 25% de paro y según la UNESCO, uno de cada cuatro niños de las Islas ha estado o está por debajo del umbral de pobreza.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, estamos entre las comunidades que más hemos sufrido las consecuencias de la crisis en sus niveles de riqueza. De un índice de riqueza de 122,5, hemos pasado a un índice de 107, siendo la comunidad autónoma que más posiciones pierde en ese tema. Debido al sistema de funcionamiento de los fondos de solidaridad, Baleares debe cada año aportar mucho más de lo que recibe. Es decir: al mismo tiempo que aumenta la solidaridad balear, perdemos puestos en cuanto a nivel de renta y bienestar social, con incremento del paro y de la pobreza.

A todo ello hay que añadir la denominada doble paradoja: el Tratado de la Unión Europea y la normativa estatal definen la insularidad como hecho diferenciador a tenerse en cuenta en la promoción de políticas que compensen precisamente ese hecho insular. Sin embargo, la realidad es que el 100% de la inversión del Estado en materia portuaria y aeroportuaria es con cargo a tasas y nunca con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De ese modo, el hecho diferenciador insular no se tiene en cuenta en absoluto ni en materia de infraestructuras portuarias ni aeroportuarias para con los insulares, tal y como, sin embargo, sí se hace en el continente en materia de carreteras, infraestructuras, tren de alta velocidad, tráfico rodado… para los residentes peninsulares, pues sí se recogen estas inversiones en los PGE.

Es decir, el residente insular aporta con su esfuerzo tributario a la caja única que ha de servir a los PGE y a sus inversiones y además debe pagar de su bolsillo -a través de las tasas portuarias y aeroportuarias, que ha de pagar cada vez que viaja sí o sí- las infraestructuras que le sirven a su conectividad.

La fórmula del descuento de residente como ejemplo de la compensación al hecho insular con cargo a la totalidad de los españoles adolece desde hace ya un tiempo de otra paradoja: viene siendo tratada a modo de una inversión más. Entiendo que al tramitar los presupuestos generales del Estado estas partidas dedicadas al descuento no han de computarse como inversión, puesto que, al hacerlo, se pierde la finalidad propia de tales fondos, pasando de ser una compensación que pretende igualar, a ser considerada inversión en sí misma, lo que desvirtúa completamente el sistema.

Si se trata del esfuerzo de todos para poner al mismo nivel a los ciudadanos de los territorios no peninsulares en relación con los del continente, esa forma de proceder antes descrita desvirtúa completamente el sistema. Nos perjudica.

Alguna comunidad autónoma, que hasta reciente fecha había sido siempre receptora, ahora reclama la revisión del sistema por pasar a ser aportadora neta. Baleares nunca se ha quejado y siempre ha sido generosa. Por eso se hace más imprescindible que nunca que se recoja el hecho diferencial de Baleares como insularidad de una parte y la circunstancia del retroceso de Baleares en relación al nivel de riqueza, de otra. Por eso, es tan importante nuestro Régimen Especial Balear, siendo el único territorio no peninsular que no lo tiene.

Y si lo anterior no les parece suficiente justificación, no se olviden entonces de que agrava esa situación injusta el comparado con el cupo vasco, ahora aumentado más si cabe con las trasferencias de las competencias de prisiones, que supone a nivel económico 70 millones de euros adicionales de la caja común para el País Vasco -es una cantidad que se descontarán del cupo- y a los que se han de añadir otros 188,57 millones de euros más relativos al Ingreso Mínimo Vital, que también se transfiere.

Y no olviden el caso flagrante de Cataluña, receptora permanente de dinero con el que el Estado intenta aplacar sus ansias de procés secesionista, siendo el hermano pródigo que el resto de españoles aguantamos estoicamente a pesar de sus estupideces separatistas. O el caso de Andalucía, que consiguió en época no muy lejana que se les reconociera una «deuda histórica» de todo el Estado con esa comunidad autónoma, de un importe milmillonario.

Queremos conseguir que Baleares vuelva a ser líder en el mapa de las regiones de España. Queremos volver a ser locomotora de la economía española. Pero que no nos tomen por idiotas.