Si el fiscal general es condenado, el Gobierno irá al choque frontal contra el Supremo

La defensa del fiscal general del Estado, la Abogacía del Estado que pagamos todos, ha aprovechado al último día del juicio que se sigue contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, para tirar al bulto y acusar a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de ser la autora de la filtración que llevó al máximo responsable del Ministerio Público a sentarse en el banquillo de los acusados. La maniobra es jurídicamente dudosa y, en el fondo, indecente, porque si fuera como asegura la defensa del fiscal general tiempo ha tenido la Fiscalía para denunciar unos hechos gravísimos.

Más bien parece que todo responde a la estrategia de embarrar un asunto en el que, con independencia de lo que determine la sala de Supremo, lo que resulta inapelable es que García Ortiz, en connivencia estrecha con el Gobierno de Pedro Sánchez -al que guarda pleitesía-, urdió un plan  para tratar de destruir políticamente a Isabel Díaz Ayuso por la vía de utilizar el presunto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

Relevante también es la acusación hecha en sede judicial por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha señalado el fiscal general por plantearse, incluso, la detención de González Amador como golpe de efecto al servicio de los intereses del Gobierno. Perdidos en las disquisiciones jurídicas, estamos en un escenario perverso: si el Supremo absuelve al fiscal, el Gobierno saldrá en tromba contra lo que califican «extremas derechas», acusándolas de instar el procesamiento de García Ortiz.

Y si es condenado, que nadie tenga duda, el Gobierno de Sánchez irá al choque frontal contra el Tribunal Supremo, sugiriendo de manera nada taimada que el más alto tribunal se ha convertido en la correa de transmisión de los sectores más reaccionarios. Vamos a eso si la sala que juzga al fiscal general resuelve que es culpable. No está sólo en juego el futuro del fiscal general, sino del Estado de Derecho.