A Sánchez sólo le queda Franco
El Gobierno investigará los «crímenes de la Transición» hasta la etapa de Felipe González
Los socios de Sánchez usan la Ley de Memoria para pedir quitar al Rey y revisar las amnistías
Los cambios pactados por PSOE y Podemos al proyecto de Ley de Memoria Democrática para «acabar con la impunidad» de los crímenes del franquismo son la prueba del nueve de que el socialcomunismo cabalga desbocado a lomos del sectarismo ideológico más irredento. El recorrido jurídico de estos cambios es ninguno -y el Gobierno lo sabe-, no sólo porque los responsables de dichos crímenes han fallecido ya o tienen edades muy avanzadas, sino porque cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que la ley penal desfavorable no se puede aplicar de forma retroactiva. Por eso, cuando PSOE y Podemos hablan de reinterpretar la Ley de Amnistía de 1977 habría que decirles que tururú, que verdes las han segado o que se vayan con su totalitarismo bananero a rendir culto a Stalin o Largo Caballero, pero que dejen en paz a una sociedad que está harta de que una pandilla de incapaces trate, otra vez, de cubrir su negligencia en la gestión con el espantajo de la dictadura de Francisco Franco.
En el fondo, lo que socialistas y comunistas pretenden no es otra cosa que quebrar la convivencia por la vía de impugnar el espíritu de la Transición que alumbró la democracia española. Este ajuste de cuentas de Pedro Sánchez es fruto de su impotencia; el PSOE no remonta en las encuestas y todos sus intentos por convencer a los españoles de que España saldrá reforzada de la crisis derivada de la pandemia se estrella con la realidad de las cifras y los pronósticos de los organismos internacionales, que alertan del endeble crecimiento económico de una nación que, de la mano de este Gobierno, ha vuelto al furgón de cola.
Un Gobierno que pretende utilizar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como «víctimas de la Transición» a terroristas muertos en enfrentamientos policiales demuestra un grado de ignominia repugnante. Esa es la palabra -repugnante-, porque lo que pretende Sánchez es inocular en la sociedad española el odio y la inquina para quebrar la convivencia y pescar -eso cree- un puñado de votos con un plan guerracivilista de ruptura constitucional.
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