Sánchez reedita la ley de prensa franquista

Para que luego nos acuse el socialcomunismo de publicar noticias «fake»: OKDIARIO avanzó hace semanas que el Gobierno tenía listo su plan de acoso a los medios digitales o plataformas que, según ellos, publicaban noticias falsas  para «influir en la sociedad con fines interesados y espurios» y, ahora, se confirma punto por punto lo que OKDIARIO adelantó.  El BOE ha publicado una orden del Consejo de Seguridad Nacional -o sea, presidencia del Gobierno- sobre «monitorización y vigilancia» de los medios para la detección y seguimiento de las  de las posibles «campañas de desinformación».

Al frente del equipo censor, dos personas: el director del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que podrán apoyarse en empresas privadas -no se especifican cuáles, pero sí que serán a elección del Gobierno- para determinar qué medios cumplen con lo que ellos consideran verdad y qué medios se apartan de lo que ellos entienden por información veraz. Serán «expertos» que colaboraran en el procedimiento, pero, por supuesto, también será el Gobierno quien determine quienes son expertos y quienes no. La verdad es que la orden publicada en el BOE la podrían haber publicado perfectamente los denominados Ministerios del Poder Popular de Venezuela.

El ataque a la libertad de información que está perpetrando el Gobierno socialcomunista se enmarca dentro de esa pulsión totalitaria que caracteriza la acción de un Ejecutivo que se ha lanzado al asalto de las instituciones. Jueces, periodistas y todos aquellos ámbitos y sectores de la sociedad que no le bailen el agua a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias corren el riesgo de sufrir el acoso gubernamental. En un Estado de Derecho, son los jueces los únicos que pueden determinar la veracidad de la información de los medios y establecer sanciones si lo publicado es constitutivo de delito. Que a estas alturas el Gobierno pretenda imponer la censura con el objetivo de preservar la ideología y la moral del régimen socialcomunista es de una gravedad infinita. Franco reguló la publicación y circulación de la información a través de la ley de prensa de 1966 (la denominada ley Fraga) con el fin de limitar la libertad de expresión, especialmente en aquellos casos donde se postulaban opiniones contrarias al régimen. Esto es peor, porque aquello era una dictadura y la España de hoy es nominalmente una democracia, aunque Sánchez e Iglesias se hayan conjurado para convertirla en un régimen reñido con la libertad.