Resucitar a Montesquieu

La decisión del PP de no pasar por el aro socialista a la hora de pactar la reforma de órganos judiciales clave no solo es coherente, sino que supone un acierto político evidente. Lo que pretende el Gobierno socialcomunista no es otra cosa que derribar los muros de contención del Estado de Derecho para servir a los intereses de los separatistas catalanes. Que Sánchez apele a un pacto con el PP justo a la vez que cometía la indignidad de convertir a Dolores Delgado en fiscal general del Estado (¿De quién depende la Fiscalía?) es revelador de hasta dónde llega su desvergüenza. La politización de los órganos judiciales por parte del PSOE no tiene precedentes y su objetivo tampoco: se trata de desjudicializar el procés y liberar al golpismo de cualquier responsabilidad penal. Por eso Dolores Delgado será fiscal general del Estado: para debilitar al Estado y pagar el precio al golpismo de su apoyo a la investidura.

Más que nunca, dada las intenciones del Ejecutivo socialcomunista, se impone la necesidad de resucitar a Montesquieu y afianzar la democracia con una efectiva separación de poderes. Y para ello es condición indispensable que órganos como el CGPJ, politizados hasta la náusea, recuperen su independencia. Tienen que ser los jueces los que elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, porque esa fórmula, tumbada por el PSOE en 1985, es la única que puede evitar que el poder ejecutivo secuestre al poder judicial. Eso es lo que propone el PP: la despolitización completa de los órganos judiciales en lugar de la desjudicialización que pretende el socialismo para contentar a los sediciosos catalanes.

Cierto es que el PP pudo hacerlo en su día, pero con independencia de las críticas que pueda merecer su inacción pasada, lo cierto es que las circunstanciales actuales son distintas, porque nunca hasta hoy un presidente del Gobierno se atrevió a ir tan lejos en su acoso al Estado de Derecho.