Presos políticos

Hace unos meses teníamos a Venezuela hasta en la sopa. Se obligaba a los actores políticos de izquierdas a pronunciarse sobre el encarcelamiento de Leopoldo López. Forzando, incluso, por parte de algunos periodistas poco sospechosos de ser progresistas, que Alberto Garzón, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez condenasen tal detención. Los titulares sobre la «dictadura venezolana» y «sus presos políticos» estaban por todas partes. Poco se hablaba de las muertes en las manifestaciones, de los supuestos vínculos de López con la CIA, ni de la financiación que se le atribuye, ni de sus casos de presunta corrupción…. no. Era el preso político al que se condenaba por organizar manifestaciones contra un Gobierno —que por cierto, acaba de celebrar elecciones y ha obtenido una masiva victoria en 17 de los 23 territorios, a ojos de todos los observadores internacionales y con todas las garantías procesales—. Venezuela era una dictadura por encarcelar a alguien que simplemente expresaba su opinión y plantaba cara a un Gobierno. Ese era el mensaje, repetido hasta la saciedad por todas partes.

Sin embargo, ahora aquí en España, resulta que se producen manifestaciones de protesta ante las decisiones de un Gobierno y la respuesta es encarcelar a dos de los representantes de las organizaciones más relevantes de Cataluña. Por sedición. ¿Así es como se fomentan la convivencia y el respeto? ¿Así es como promovemos la paz social? Claro que hay que reprobar la actitud de quienes destrozaron mobiliario público, coches de Guardia Civil, sin duda. Pero de ahí a encarcelar a dos personas porque, según parece, alentaron a los manifestantes a parar el trabajo policial, me resulta excesivo. Se les puede pedir hasta 15 años.

Mientras tanto, desde las instituciones europeas reprueban a España al considerar que la justicia no es independiente. Es buen momento para recordar que toda esa gente salió a la calle para solidarizarse con quienes en ese momento estaban siendo detenidos —recordemos que fueron 14 cargos de la Generalitat— por la decisión de un juez que, después de haber tenido el asunto entre manos durante meses —una denuncia proveniente de VOX— decidió en el momento más tenso que había que comenzar con registros y detenciones para evitar que se produjera la consulta del 1 de octubre.

Y se supone que todo lo que se formó ese día se hizo sin conocimiento del Gobierno —que a su vez adelantó el envío de tropas a Cataluña, de forma ilegal, dicho sea de paso—. Cuando en un país se encarcela a quienes promueven manifestaciones pacíficas y se deja en libertad a quienes siendo responsables públicos nos roban, es fácil entender por qué somos líderes en pobreza infantil a nivel europeo.