Pedro Sánchez -¿de quién depende la Fiscalía?- amordaza al Consejo Fiscal

Estaba claro que cuando Pedro Sánchez lanzó aquella pregunta retórica durante una entrevista radiofónica -«¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso»- tenía claro que el Ministerio Público debía someterse sí o sí a sus designios. Por eso nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado y después a Álvaro García Ortiz, cuya sumisión al jefe del Ejecutivo raya lo obsceno. García Ortiz, por orden de Sánchez, ha impedido al Consejo Fiscal redactar un informe jurídico sobre la Ley de Amnistía. Seis de los 12 vocales que componen el Consejo Fiscal han estimado necesario un pronunciamiento técnico sobre la amnistía, pero el fiscal general del Estado se ha negado en redondo y ha impuesto la ley del silencio.

La Asociación de Fiscales, que cuenta con mayoría dentro del Consejo Fiscal, pidió someter a estudio la amnistía el pasado mes de noviembre, en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que señala en su artículo 14 que el Consejo Fiscal debe informar sobre los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público.

Álvaro García Ortiz ha argumentado su decisión en que un informe sobre una proposición de ley, la treta utilizada por Pedro Sánchez, queda fuera de las competencias del Consejo Fiscal. Es importante recalcar que la amnistía se ha tramitado como proposición de ley -en vez de como proyecto de ley- para acelerar su aprobación en las Cortes y esquivar los informes consultivos.

Desde la Asociación de Fiscales señalan que «la fórmula de tramitación elegida por los impulsores de esta proposición de Ley Orgánica precisamente lo que busca es eso: que la misma no quede expuesta al preceptivo informe del Consejo Fiscal pese a la flagrante quiebra de la separación de poderes que subyace en ella al relegar el Poder Judicial, en que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, impidiendo que cumpla sus funciones constitucionales por la necesidad del ejecutivo y la conveniencia de los principales beneficiados por la amnistía». Parece obvio que Sánchez tenía razón: la Fiscalía es suya.