Ni calidad democrática ni higiene económica

¿Sabían ustedes que en el Congreso de los Diputados hay una Comisión de Auditoría de la Calidad Democrática? Yo no, desde luego, aunque parece algo insólito en una democracia sólidamente asentada como la española a pesar de los esfuerzos ímprobos de Sánchez y de sus socios para socavarla. Pero, una vez conocido el hecho, presumo que tal engendro sirve de poco porque, en caso contrario, debería haber armado mucho ruido después de que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que los estados de alarma decretados por el Gobierno con motivo de la pandemia no se han atenido a la ley, o que el Ejecutivo hace poco por garantizar el derecho de los niños a escolarizarse en Cataluña en castellano o que concede indultos arbitrariamente a los presos catalanes rebeldes o la gracia a una madre como Juana Rivas que se negó a que se investigasen los abusos sexuales a uno de sus hijos.

Pero lo que me interesa destacar ahora es que ante la citada Comisión el Partido Socialista, acompañado de Más País, ha registrado un informe que pone en duda la legitimidad de las autoridades y organismos independientes, que ejercen de contrapeso al poder ejecutivo, y que son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la de la Competencia, la Autoridad Fiscal Independiente y hasta al Banco de España, por citar las más importantes. Todas estas instituciones que velan por el buen funcionamiento de los mercados a cargo de personas que, por otra parte, nombra el Gobierno son básicas para el sano discurrir del sistema económico y proporcionan las dosis de seguridad jurídica y de confianza que son ineludibles en cualquier país desarrollado para atraer a los inversores, fomentar el desarrollo de los negocios al margen de la intervención pública y propiciar la entrada de capital extranjero.

Pero a la izquierda, por lo visto, no le parecen del todo adecuadas. Está dispuesta a cambiar este estado de cosas que considera insatisfactorio. Y para tratar de justificar este atropello a la civilización dicen que los máximos responsables de estos organismos no son depositarios de una relación de confianza con el Parlamento ni están sometidos al control de las Cámaras y que por eso han adquirido un estatus exorbitante no previsto en la Carta Magna.

Por fortuna, no todo lo que sucede en un país libre sometido al imperio de la ley está minuciosamente reglado por la Constitución y hace tiempo que los estados desarrollados, a fin de poner coto a la inclinación de los gobiernos por colonizar la vida pública decidieron dotarse de organismos independientes que, por ejemplo, estuvieran al cargo de la política monetaria, que procuraran la mayor competencia posible entre las empresas o que vigilarán el correcto funcionamiento de las bolsas y de los mercados de valores. Al frente de ellos suelen estar personas con experiencia y reputación que velan por una causa tan noble como impedir la ‘colonización democrática’ de todos los espacios de la esfera pública. Porque este y no otro es el propósito fundamental de los socialistas y de los representantes de Más País que han presentado este informe en la llamada comisión para la calidad democrática: invadir todas las instituciones y someterlas a la dictadura del voto. En definitiva, acabar con su independencia de criterio y de juicio.

Entre las perlas del documento de marras se pueden leer las siguientes: “Es el Gobierno el sujeto legitimado para adoptar las decisiones en todos los ámbitos”. “Son los representantes de la ciudadanía los que deberían nombrar a los máximos responsables de estas instituciones”. “Hay que valorar la idoneidad de las personas propuestas y controlar su posterior desempeño”. Y aquí viene el mayor torpedo de profundidad: “Entre las incompatibilidades para ejercer como máximo responsable de estos organismos NO puede figurar la militancia en un partido político”. “Sería oportuno una dirección colegiada en lugar de una unipersonal en estos organismos para mejorar la pluralidad”.

Como diría un castizo, verde y con asas. La pretendida calidad democrática que aducen en el informe es un pretexto para malversarla. ¿Qué pluralidad puede reclamarse para subir o bajar los tipos de interés, o para continuar comprando deuda pública de los estados o cesar en este empeño? Aquí no hay pluralidad que valga. Todos los organismos independientes tienen sus estados mayores y múltiples profesionales que asesoran y contribuyen a adoptar una decisión final sobre bases técnicas en pos del mejor resultado posible. En estos terrenos no cabe lugar para las componendas, los intereses partidistas, el lenguaje inclusivo ni demás clase de monsergas contemporáneas al servicio de lo políticamente correcto.

Una de las mayores gestas del Gobierno socialista de Felipe González fue la aprobación de la entonces ley de autonomía del Banco de España, con Carlos Solchaga como ministro de Hacienda. Fue como un hara kiri, la renuncia a parte de la soberanía en un terreno, como la política monetaria, que conviene que esté al margen de la ideología por el bien del país. Después llegó la completa independencia de la institución y entre tanto la creación de organismos reguladores, al margen de la eventual manipulación del Gobierno electo, en favor del bienestar común.

Lo que se pretende con este informe presentado por la izquierda en la comisión de calidad democrática es una regresión en toda regla, un retroceso hacia el arcaísmo económico. Y la voluntad declarada de silenciar las opiniones críticas, que como el Banco de España o la Airef han refutado las previsiones económicas oficiales o han mostrado su rechazo a decisiones como subir el salario mínimo, reformar de manera inconveniente el sistema de pensiones o revertir las normas laborales aprobadas en su día por el PP.

Toda la iniciativa persiguiendo falazmente la legitimidad democrática de los organismos todavía ajenos al control gubernamental constituye un atentado contra la modernidad, y lo que es peor, contra los principios que inspiran la Unión Europea. La Comisión de Bruselas jamás tolerará tal retroceso en las reglas del juego de su corpus básico, lo cual realza si cabe el aventurerismo, la desorientación y el desparpajo inquietante de la izquierda española ante la actitud cómplice del presidente Sánchez.