De la lucha de clases a la lucha de sexos

Los casos de María Sevilla o Patricia González salen a la opinión pública por la vinculación de estas dos mujeres con Unidas Podemos. Pero cualquier persona mínimamente informada sobre el mundo que rodea las denuncias en los procesos de separación sabe que escenarios como los descritos están lejos de ser una excepción. Urge, por tanto, un replanteamiento de unas leyes que, en la práctica, han suprimido el principio de inocencia sobre una de las partes. Una distorsión de estas características en medio de un divorcio, y con custodia de niños de por medio, puede propiciar que broten las peores tendencias del ser humano. Las consecuencias de un desamparo legal así saltan a la vista: una persona inocente puede fácilmente acabar arruinada y en la cárcel, acusada de los más graves delitos.

La lucha contra la violencia de género y el machismo es una de las máximas prioridades de una sociedad desarrollada como la española, que no debe tolerar conductas machistas por más tiempo. Pero esta lucha, para ser eficaz, ha de realizarse sobre premisas verdaderas, que busquen aclarar y poner luz en los conflictos. En vez de ello, estamos viendo que con cierta frecuencia sucede el efecto contrario; las zonas de sombra jurídicas propician que la mentira y el engaño triunfen.

No parece del todo casual que en estos dos casos estemos hablando de mujeres que han trabajado como asesoras de Podemos. La razón que sustenta al feminismo podría llegar a verse deslegitimado si la extrema izquierda finalmente consigue apropiarse de esta noble causa. Su esquema es muy sencillo: aplicar el principio marxista de la lucha de clases, que se ha demostrado como falso, a la lucha de sexos. De la mentira y la confrontación difícilmente saldrá verdad y armonía, y cuando el entramado legal está redactado sobre este espíritu, luego no debemos llamarnos a engaños que en las páginas de los periódicos emerjan casos como los señalados.