¡Menos mal que iban a limitar los indultos!

Si la acción del Gobierno de Pedro Sánchez pudiera resumirse con una sola palabra, ésta sería, sin duda, el abuso. El Ejecutivo ha disparado un 142% el número de indultos respecto al último ejercicio de Mariano Rajoy, pues en sólo dos meses y medio de 2019 los socialistas han concedido 29 indultos, más del 80% del total. Solamente el pasado viernes, cuando toda actividad gubernamental estaba sepultada bajo la propagandística manifestación feminista, el Ministerio de Justicia otorgó nada menos que 8 indultos y se condonó la pena, entre otros, a Carlos Cano y María del Carmen Bajo, dos piquetes del SAT condenados a un año de prisión por amenazas a una mujer en Granada durante la huelga contra la reforma laboral del PP en 2012.

Cierto es que esta medida de gracia, regulada por la Ley del 18 de junio de 1970, está a disposición del Consejo de Ministros de Sánchez, sin embargo, lo que también dicta la citada legislación vigente es que se trata de una media “de carácter excepcional”. No obstante, lo que no dice en ningún caso es que el presidente del Gobierno posea la potestad de usar los instrumentos gubernamentales a su disposición con fines electoralistas, tal y como ha evidenciado en más de una ocasión a lo largo de estos nueve meses de legislatura. Una actitud que, sin duda, se ha acelerado desde que el jefe del Ejecutivo se vio obligado a adelantar los comicios al 28-A tras el rechazo a sus Presupuestos. Sánchez ha abusado del Falcon sin dar explicaciones de los gastos ocasionados refugiándose en la Ley de Secretos Oficiales y ha utilizado el decreto ley, también una herramienta excepcional, como arma electoral al saberse incompetente para la gobernanza con 84 escuálidos escaños.

Pero, sin duda, lo más intolerable es que el dirigente del PSOE, presuntamente constitucionalista, ha mercadeado con la soberanía nacional y la ha puesto descaradamente a merced de los separatistas catalanes contemplando, no sólo la creación de una mesa de partidos con un relator como si de un Estado independiente se tratara, sino también posibles indultos para los 12 golpistas procesados por el 1-O. El próximo Parlamento, el que emane de las urnas a finales de abril, deberá retomar de nuevo la reforma de la Ley de Indultos que se ha llevado a cabo en los últimos meses, conseguir fijar un listado de delitos excluidos y delimitar la prerrogativa del indulto en manos del Gobierno. Porque este perdón, reinante y contemplado en la ley, es un desafío a la separación de poderes y a menudo, por no decir permanentemente, poseerá un grado de subjetividad que provocará irremediables polémicas. En definitiva, y con el fin de apagar futuras controversias o abusos de poder por parte del poder ejecutivo, este privilegio necesita estar acotado.