Una injusticia y/o una ilegalidad

El Ministerio del Interior se equivocará gravemente si al final aplica el régimen para terroristas a los presos que han amenazado verbalmente al yihadista Driss Oukabir, uno de los implicados en las matanzas de Barcelona y Cambrils. Nadie cuestiona que las instituciones públicas deban garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho así como asegurar la integridad física de todos los reclusos. No obstante, una cosa es rechazar y limitar cualquier tipo de intimidación y otra muy distinta aplicar a presos comunes el mismo protocolo que a los terroristas, miembros de una banda criminal organizada, pedófilos o violadores sólo por unos insultos. Es una desproporción que bordea la frontera del escándalo y supone un exceso de celo por parte del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. ¿Qué pensarán los familiares de los asesinados?

Casos como éste demuestran que las instituciones en España pecan de garantistas en demasiadas ocasiones. A pesar de que haya que investigar las conductas agresivas —reiteramos que eso nadie lo pone en duda— no se puede ser más papista que el Papa, especialmente cuando se trata de un caso que ha conmocionado a todo el país. Oukabir y el resto de terroristas del Estado Islámico han dejado tras de sí 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Hechos que han trastocado para siempre la vida de muchísimas familias y que podrían haber sido mucho peor si, como cree la Policía, estos asesinos hubieran podido utilizar las 105 bombonas que guardaban en el chalet de Alcanar. Ni siquiera un preso sin la más mínima catadura moral y ética como Driss Oukabir merece que lo insulten en un centro penitenciario. Sin embargo, perseguir a los que lo han hecho hasta el punto de meterlos en un módulo especial de aislamiento, a la altura de los peores delincuentes del presidio, resulta un escándalo, una injusticia, cuando no una ilegalidad.