El impuesto de los burócratas fúnebres

El 1 de julio del 87, Juan Domingo Perón se volvió a morir 13 años después de estirar la pata. El Partido Justicialista argentino recibió una carta anónima explicando que sus manos habían sido robadas de la tumba. La misiva exigía, además, que el partido pagase 8 millones de dólares en rescate por su restitución a los profanadores que, a tenor del macabro rapto, debían estar pasando más hambre que Carpanta. Qué delicioso acto de homenaje al excelentísimo referente de los illuminati de la redistribución. Ofrenda del empoderamiento de las masas que, aunque famélicas, dejaron la mayor parte del botín en el féretro en solidaridad con otros camaradas socialistas que llegarían más tarde para repartir con el resto de la camada. Otra serie de negocios con difuntos precedieron a éste en la historia en los que, frente al colectivo, el individuo no significaba nada. Nichos profanados por empresarios fúnebres como los actuales burócratas que piden rescates a viudas desoladas en nombre del Estado. En nombre de ese constructo hitleriano que afirmaba que “las necesidades de la sociedad vienen antes que las del individuo». Lo que llaman el «bien común», vamos.

Muchas décadas más tarde aquellas conquistas históricas del colectivismo siguen vigentes en España. El robo por la vía legal a los muertos y a sus familias ha sido oficializado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones reivindicado por todos los partidos, que han construido un discurso de pedagogía de la coacción para sustentar y engordar todos los privilegios políticos. Legitimar la inmoral idea de que los ciudadanos pueden perder las propiedades ganadas por sus padres. Dejarse robar por solidaridad. Por su propio bien. Por el bien de otros. Con toda la violencia con la que es capaz de actuar la maquinaria del Estado frente al individuo que, en obvia minoría e indefensión, sólo puede acatar. Aunque, para nuestro consuelo, llegaron Podemos y Ciudadanos. Ellos no roban, armonizan. Que no se quedan con su dinero, sino que lo redistribuyen. Que lloran en platós con las familias agraviadas por el hurto, mientras lo justifican para luchar contra el fraude fiscal. Socialistas que deciden a partir de qué umbral se le pueden arrebatar sus propiedades a sus ciudadanos.

El 3 de septiembre del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya determinó que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España viola la legislación comunitaria al establecer una diferencia de trato entre los residentes y no residentes a la hora de aplicar reducciones fiscales. El artículo 33.1 de la Constitución reconoce como derechos la propiedad privada y la herencia, y en su artículo 31 precisa que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

A pesar de ello seguimos escuchando a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, justificar el expolio por motivos de «justicia social y redistribución de la riqueza». Y a la diputada en el Congreso de la misma formación, Marta Marbán, asegurar que “la Comunidad de Madrid ha de dejar de ser atractiva para venir a morir por bonificación fiscal». Nadie se trasladaría a morir a Madrid si pudiera hacerlo en su puñetera casa. 8.000 familias han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones mientras la cueva de ladrones más honda de Europa, la Junta de Andalucía, ha recaudado 330 millones de euros. Y Ciudadanos tiene la oportunidad histórica de dejar de hacer política de salita acabando con el atraco bien apartando el estilete del PSOE de la espalda del ciudadano o bien dejando caer a Susana Díaz.