El autoritario abuso de la prisión provisional

La prisión provisional para Francisco Granados se hace insostenible. Casi dos años después de ingresar en la cárcel de Estremera, resulta excesivo el hecho de que esté privado de libertad sin saber muy bien de qué se le acusa y sin el dictamen final de un juicio. El juez instructor del caso, Eloy Velasco, ha explicado con extrema dureza los motivos por los que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad al ex dirigente del PP madrileño. Valoraciones como «cadena deleznable de favores» o «detestables actitudes corruptas» parecen una justificación por parte del magistrado más que motivos objetivos para mantener entre rejas a un hombre contra el que aún no hay una sentencia en firme. Granados no es un violador, ni un terrorista. Tampoco un psicópata, un asesino en serie o un peligro inmediato para la paz social. Por tanto, resulta incomprensible que siga privado de libertad.

El juez Velasco ya prorrogó al máximo legal de cuatro años la prisión preventiva para el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, de los que finalmente pasó dos años y ocho meses en esa condición antes de aceptar una condena definitiva de cinco años y medio de cárcel. Cabe la posibilidad de que Francisco Granados pudiera salir absuelto de este caso o, incluso, condenado a un pena inferior al tiempo que ya acumula sin libertad. En ese caso, ¿quién resarciría los daños psicológicos y físicos provocados por su prolongada estancia en el presidio? Durante este periplo, el ex secretario general del Partido Popular de Madrid ha perdido más de 10 kilos y su estado de salud ha empeorado notablemente.

Si bien es cierto que la ley debe ser inapelable con aquéllos que la infrinjan, este tipo de casos no deberían de conllevar más de un mes en régimen de prisión provisional. Algo que tendría que estar regulado por ley para no dejarlo en manos de las decisiones ad libitum de un juez. Por no hablar de comparaciones con otros casos como, por ejemplo, el de los Pujol, cuyos miembros disfrutan de libertad sin que nadie se atreva a echarles el lazo. Un hombre público y conocido como Granados cuenta con escasas posibilidades de darse a la fuga, uno de los principales argumentos esgrimidos por Velasco. Del mismo modo, y dada su distancia con la actividad política, parece muy improbable que pueda destruir pruebas. La ley ha de ser inapelable con quien cometa un delito, de eso no hay duda. Sin embargo, hasta que haya un veredicto, la prisión provisional puede derivar en casos de abusos autoritarios.