La Fiscalía sale al rescate de Sánchez: de revelación de secretos a obscena filtración

Que el fiscal del caso del novio de Ayuso pida prisión de casi cuatro años para González Amador no merecería mayor comentario en un Estado de Derecho si no fuera por el pequeño detalle de que la decisión del Ministerio Público se ha conocido sin que la defensa del imputado recibiera información alguna al respecto y, sobre todo, porque la Fiscalía se ha encargado de filtrar una decisión que, por razones obvias, es absolutamente reservada y debe transmitirse al afectado siguiendo los cauces previstos en la ley.

El contenido del escrito de la Fiscalía ha sido convenientemente aireado -dejémoslo ahí, por el momento- y, en consecuencia, otra vez se ha orillado la ley para servir a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, que es quien manda sobre el fiscal general del Estado, imputado precisamente por revelación de secretos en el caso que nos ocupa.

OKDIARIO ha podido saber que el fiscal del caso del novio de Ayuso ha presentado en la mañana del 16 de julio en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid su escrito de acusación sobre la pieza central de la investigación sobre González Amador, al que pide casi cuatro años de cárcel por fraude fiscal. En un Estado de Derecho -insistimos- la función de la Fiscalía es velar por el principio de ilegalidad y valorar los comportamientos presuntamente delictivos en consonancia con el Código Penal, solicitando las penas que considere oportunas.

No estamos cuestionando la petición de penas del fiscal, sino -que quede claro- que las mismas se filtren de forma interesada para hacer el mayor daño político posible a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que es el objetivo a batir en este caso. En plena corrupción socialista, la filtración de la Fiscalía se suma a la delictiva revelación de secretos de la que presuntamente fue autor el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al servicio siempre de Pedro Sánchez. Un capítulo más de la operación orquestada por Moncloa sirviéndose de instituciones clave del Estado