Financiación autonómica: asunto pendiente

Días atrás se celebraba en Madrid la cumbre de presidentes de comunidades autónomas bajo la batuta de Mariano Rajoy, con la presencia de Felipe VI y con la ausencia de los presidentes de la Generalitat de Catalunya, Carles Puidemont, y del lendakari Iñigo Urkullu. Decía Puigdemont, intentado justificar su ausencia a la reunión – injustificable a todas luces cuando de lo que se trata es de intentar poner los primeros cimientos para solventar una descompensación financiera crónica – que la convocatoria venía a ser una mera puesta en escena y que poco jugo tangible se podía sacar. No obstante, había que interpretar esa cumbre como una primera toma de contacto que marcara las necesarias líneas de la financiación autonómica y las bases para dotar a las autonomías de los fondos suficientes con los que cuadrar sus golpeadas cuentas.

La financiación autonómica se ha ido convirtiendo en ese puzzle pendiente de resolver que crea tiranteces, agita tensiones y sobre el que cada cual tiene su propia opinión formada y no está dispuesto a ceder ni un ápice de terreno para empatizar con sus interlocutores. La descentralización del Estado, que es buena para un adecuado funcionamiento de sus estructuras y en teoría – solo en teoría – para un acercamiento de la Administración a la ciudadanía, ha ido engendrando, a través de la división territorial de España, una suerte de conglomerado de regiones en donde algunas de ellas se sienten dueñas y señoras de sus respectivas parcelas geográficas y sus máximos mandatarios se erigen en algo así como jefes de estado al socaire de la potestad normativa que el despliegue autonómico ha facilitado a lo largo de todos esos años. Los egos se agudizan y se difumina la mentalidad de que todos estamos en el mismo carro. En determinados casos, como el de Cataluña, los nacionalismos han devenido en posturas más radicales que, por el bien de todos, España y sus regiones, tienen que acompasarse y modularse sabiendo pensar con altura de miras, huyendo de esas fragmentaciones que en un momento en el que cada vez más se necesitarán bloques geopolíticos potentes y fuertes, se torna en obsesión única por parte de algunos mandatarios regionales.

Se hace preciso buscar, entre todos, soluciones para arreglar esos enfrentamientos que en nada ayudan a que España vaya adelante. Concentrar excesivos esfuerzos en discusiones intestinas no es bueno para el conjunto de la nación. Las exigencias tendrían que imponer a nuestros gobernantes, estatales y autonómicos, una dedicación intensa a la tarea de hacer de España una referencia en el panorama europeo y occidental, dejándose de discusiones que son más propias de patio de colegio. En cualquier caso, la financiación de nuestras autonomías era el meollo nuclear de esa cumbre presidencial, si bien se atisban otros puntos conflictivos más o menos relacionados con el tema de los dineros. Los problemas demográficos en todas las comunidades son de un tinte parecido aun cuando conviene distinguir el tipo de población residente y el uso de servicios públicos que se hace. No es lo mismo, en este aspecto, una comunidad cuya tasa de inmigración sea muy alta que otra en la que sea muy baja, no solo por el número de habitantes sino por el uso, más o menos intensivo, que los habitantes hagan de lo que conocemos como estado de bienestar. La sanidad, sin duda, constituye el máximo exponente de lo que decimos. Y también el coste de la educación sin dejar de lado otros extremos como la dependencia, las inversiones en infraestructuras, la situación de desempleo, los bonos sociales a fin de mitigar las tristes consecuencias de la pobreza energética y la propuesta de una tarjeta social que recoja ayudas y prestaciones sociales. Además, el siempre polémico asunto de la unidad de mercado y política funcionarial.

Trajes a medida

La agenda de la cumbre de presidentes de nuestras comunidades autónomas con el titular del Gobierno, bajo la mirada del rey, prometía. Cuando menos en el sentido de disputas sutiles de trasfondo áspero propiciadas, un día lejano, por aquello del café para todos. A veces, no todo el mundo puede tener el mismo trato y se hace preciso que un buen sastre haga un traje a la medida de cada cual. Quizás eso es lo que en su día falló en el planteamiento autonómico. Se diseñó con un prêt-à-porter que a la larga ha provocado demasiados litigios. Tras esta introducción, es preciso poner sobre la mesa los números de nuestras comunidades autónomas que se vienen saldando en términos deficitarios durante los últimos cuatro años a razón de unos 18.000 millones de euros anuales en promedio. La primera reflexión, a la vista de esos descuadres, es que el actual modelo de financiación autonómica es inviable. Desde la ortodoxia contable cabe arremeter contra el desajuste autonómico que en 2015 se cerró, según números definitivos de la Intervención General de la Administración del Estado, con unos ingresos por parte del conjunto de las autonomías de 152.104 millones de euros y unos gastos de 170.066 millones, arrojando un déficit de 17.962 millones.

Cuando la historia de descuadre contable se repite año tras año, es incuestionable que algo no funciona. Es cierto que las comunidades llegaron a gastar en total 193.552 millones de euros en 2011 y 191.252 millones en 2012, con unos ingresos, respectivamente, de 138.684 millones y 171.805 millones, y que desde 2013 han sufrido un recorte en las cantidades ingresadas (148.050 millones de euros en 2013 y 146.447 millones en 2014) que son consecuencia de esos años de crisis. El insolente problema de las cuentas públicas radica en que los gobernantes gastan y gastan y al ver sus volúmenes de dispendio, fuerzan hasta la extenuación la máquina de los ingresos que, en román paladino, son los impuestos y las cotizaciones sociales. A partir de ese punto, irrumpen las situaciones de excesiva presión fiscal que acaba por asfixiar y estrangular a los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas. En cualquier economía familiar y empresarial las cosas se hacen, a diferencia de nuestro Estado, con sentido común. Primero se parte de los ingresos presupuestados en condiciones normales y no al buen tuntún. Y a continuación se ve lo que se puede gastar. Si los gastos andan desproporcionados sobre los ingresos, la lógica dice que se han de recortar gastos. La cordura, acto seguido, lleva a podar aquellos gastos que cabe tildar como de superfluos. ¿Por qué estos postulados tan elementales no se dan en nuestras finanzas públicas? Porque los políticos, y menos aún nuestros gobernantes, no están por la labor, porque existen intereses creados en cuanto al aparato del gasto público, porque no hay voluntad de que voces independientes indiquen el camino a seguir para reajustar los gastos.

Dos son los grandes gastos en que incurren, por sus propias competencias, las comunidades autónomas: sanidad y educación. En 2016 el gasto por sanidad del conjunto de las comunidades ascendió a 55.932 millones de euros, representando el 33,15% del gasto total presupuestado de las autonomías (no se incluyen aquí las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otras pequeñas diferencias inherentes al reparto autonómico). En 2016, también, el gasto total por educación asumido por las comunidades se elevó a 36.185 millones de euros, equivalente al 21,45% del gasto total de las comunidades. Sólo estas dos partidas, sanidad y educación, absorben más de 92.000 millones de euros y consumen casi el 55% del conjunto de los presupuestos autonómicos. Seguridad y protección social es otra partida que juega un papel destacado en las finanzas autonómicas con más de 11.389 millones de euros, representativos del 6,75% de los gastos totales. Con todo, dos son las partidas que exigen por parte de nuestras comunidades un singular esfuerzo desde el frente del gasto: deuda pública, incluyendo intereses – muy a la baja y condonados en buena parte en el transcurso de estos últimos tiempos por el gobierno de Madrid – y el resto de funciones o políticas, a modo de cajón de sastre del gasto autonómico no especificado.

En lo que respecta a la deuda pública, las devoluciones de dineros prestados en años anteriores van sumando así como el pago por utilización del capital, el monto con el que en 2016 han tenido que apechugar las autonomías supera los 27.000 millones de euros, lo que supone que el 16% del gasto de las comunidades se aplica al servicio de deuda. Y el resto de funciones o políticas, ese comodín de los conceptos del gasto autonómico, con 38.145 millones de euros succiona el 22,61% de los recursos empleados por las comunidades. La necesidad de dotar de fondos adecuados a las autonomías es una exigencia que no se puede posponer más. Para ello, es preciso que se establezca un pacto de Estado con la vista puesta a largo plazo, que sea estructural y alejado de los vaivenes puntuales que vayan surgiendo a causa de impulsos políticos o acaso electoralistas. Desde la posición de Cataluña, al margen de pretensiones soberanistas cuya cristalización está por ver, es absolutamente imprescindible y apremia que se llegue a un acuerdo tanto satisfactorio para los políticos catalanes como aceptable para el resto de España. No se trata de insistir en ese pulso inacabable entre Madrid y Barcelona, o Barcelona y Madrid, y sí de encontrar soluciones que permitan concentrar todos los esfuerzos en empujar el carro de nuestra economía.

Una factura muy cara

El desgaste de tanta discusión, declaración, escenas teatrales, del toma y daca entre unos y otros, a la corta o a la larga pasa factura y es el país el que acaba perdiendo. Cataluña es la comunidad autónoma que tiene un mayor gasto con 29.500 millones de euros en números redondos, en la que se da una serie de circunstancias: su gasto en sanidad representa el 28,04%, bastante por debajo del resto de autonomías, excepto Navarra (24,41%); su gasto en educación es el más bajo de todo el mosaico autonómico, 17,27%, después de Navarra (15.01%); los fondos asignados a seguridad y protección social representan el 6,21% sobre el gasto total de Cataluña, situándose en la banda baja de la horquilla autonómica; destina la mayor parte de sus recursos al servicio de la deuda pública (23,78%) siendo la comunidad que más fondos emplea para cubrir su endeudamiento; y, en lo concerniente al resto de funciones o políticas se halla entre el grupo de comunidades que más dinero aplica a las mismas, con el 24,68% de su gasto total.

Por consiguiente, urge equilibrar las cuentas de Cataluña dotándola de los recursos suficientes para que pueda atender en adecuadas condiciones sus gastos operativos y de funcionamiento como comunidad autónoma, a la vez que se tiene que exigir un adecuado control del gasto público que evite desequilibrios convertidos en déficit que a la larga restan, valga la expresión, auténtica autonomía financiera.