El fin de la educación libre en España

La nueva ley de Educación del Gobierno socialcomunista representa el mayor ataque a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, desde el comienzo de la democracia. Eso es así porque se quiebra de raíz el punto tercero de un derecho fundamental, el que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones y porque limita gravemente el derecho, consagrado en el punto 6 del referido artículo, a la libertad de creación de centros docentes.

En realidad, estamos ante un proyecto educativo totalitario y excluyente en el que el Ejecutivo socialcomunista condena a la educación concertada -que es pública, no lo olvidemos, y es un pilar de nuestro sistema educativo- a pasar por el aro sectario del Gobierno. Asimismo, la ley pone en el punto de mira a la educación especial, amenazada de forma miserable bajo la excusa de que hay avanzar hacia una falsa integración. Pero, ¿qué daño hacen los centros especializados para que el socialcomunismo les considere un enemigo a batir? Miles de familias han encontrado en estos centros la ayuda y la dedicación que no encontraron en el resto de colegios por la sencilla razón de que esa falsa integración que pretende el Ejecutivo es imposible, al necesitar los niños una atención permanente que, por razones obvias, no pueden ofrecer los centros ordinarios. Pero, ¿cómo puede considerar el Gobierno que los centros especiales son un problema cuando han supuesto la solución para miles de familias? ¿En qué cabeza cabe?

Hay tanta ideología en esta ley, tanto prejuicio, que el Ejecutivo, con el apoyo de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, ha desparramado todos los mantras de la izquierda en una norma que nace sin consenso y que ha sido utilizada como moneda de cambio para que los golpistas catalanes apoyen los Presupuestos de Pedro Sánchez. Un ejemplo es la ignominiosa renuncia a que el español sea lengua vehicular en las aulas de Cataluña, desafiando reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. En suma, la libertad educativa ha sido conculcada de manera miserable.

Esto no es una ley de Educación, sino un proyecto infecto que pretende imponer el código de valores de la izquierda más rancia y doctrinaria.