Para este Gobierno una imputación es un mérito

Así, de tapadillo, como el que no quiere la cosa, el Gobierno ha designado alto cargo de Puertos del Estado a Pedro García Navarro, imputado por falsificar firmas de contratos. El caso nace a raíz de la querella que interpuso una empleada de baja que denunció que se estaba suplantando su firma para firmar documentación de la empresa logística Berge en la que García Navarro era director. El juez admitió a trámite la querella incoando diligencias previas por un presunto delito de falsedad documental contra Pedro García Navarro, nombrado ahora nuevo director de Explotación de Puertos del Estado. O sea, que para este Gobierno se conoce que una imputación es un mérito.

El juez ve indicios de delito en ciertos contratos que se firmaron desde la empresa Berge. «Los hechos que son relatados en la querella revisten en principio los caracteres de un delito de falsedad documental (artículo 390 y siguientes del Código Penal), en tanto que se afirma (y se aportan documentos que en principio sustentan indicios suficientes para iniciar una investigación penal) que la firma de la querellante habría sido falsificada, estando firmados numerosos documentos o autorizaciones sin contar con su voluntad», expone el juez en un auto.

Pese a ello, o precisamente por eso -por estar imputado-, Pedro García Navarro obtuvo el puesto de alta dirección al frente de Explotación en el ente público tras superar un proceso de selección. El nombramiento se completará con el de representante de Puertos del Estado en el Consejo de Administración del puerto de Barcelona. Resulta obvio que a García Navarro le avala la presunción de inocencia, pero no deja de resultar chocante que para este Gobierno lo de estar investigado sea todo un aval, un síntoma de prestigio profesional. Será por eso que mantiene en el cargo al mismísimo fiscal general del Estado. Dicho de otro modo: para hacer carrera con este Gobierno nada mejor que ser carne de juzgado