España nos roba

El pasado año el independentismo catalán lanzó un órdago al Gobierno de España. El Gobierno respondió con tibieza, pactando con el PSOE aplicar un 155 “blando” que no contempló, entre otras actuaciones, erradicar las prácticas antiespañolas del Gobierno catalán ni intervenir TV3. El PSOE no representa a nadie en Cataluña porque allí no existe como partido. En Cataluña está subordinado al PSC, quien mantiene como fórmula para salir de la situación actual blindar las competencias en lengua y educación y financiar a Cataluña mejor que a otras comunidades autónomas. El PSC es un partido distinto al PSOE, con identidad propia y con plena autonomía de actuación en todo el territorio catalán; más nacionalista que socialista, como señalan sus siglas. El PP en Cataluña representa a pocos, según su último resultado electoral. Recurrió al Tribunal Constitucional por interés partidista un Estatuto que años después el Gobierno de Rajoy —el recurrente— hubiera aceptado plenamente.

El nacionalismo catalán reaccionó al recurso y a ser investigado, tras décadas de robos de la casta política catalana liderada por Pujol, girando de su falsa moderación al independentismo que hoy abandera. La indiferencia de todos los gobiernos de España ante el “España nos roba” es responsable de la situación actual. Se han cedido competencias que en la mayoría de comunidades no plantea riesgos para la integridad territorial de la nación, pero allí donde se tergiversa la historia, se odia lo español, su bandera y sus símbolos, es un camino a la confrontación y la ruptura. Si no se activan poderosos mecanismos de control en la educación, se recupera la misma para el Estado o se activa el 155 en todas aquellas comunidades que ataquen la lengua común y los símbolos españoles, que adoctrinan a los menores en el odio a España, el Estado y menos pero también en el País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares que odian la bandera, la lengua, las instituciones y todo lo que representa la identidad española.

Quienes se sienten españoles y quieren usar la lengua común en la asistencia sanitaria, atención en administraciones públicas, o que sus hijos estudien en español en distintos territorios, singularmente en Cataluña, ya no pueden hacerlo. Ciudadanos españoles que en su territorio no se pueden relacionar con la administración en su lengua y que sus hijos no pueden usarla en los colegios. Esa es la realidad en España hoy. En Cataluña se precisan años de 155 para restablecer derechos de quienes hoy los tienen prohibidos por el independentismo con la complicidad de los gobiernos de España. Al cumplirse un año del referéndum ilegal golpista, todo sigue igual o peor. Rajoy dijo que urnas contra porras, batalla mediática perdida, pero de esa valoración no se derivaron responsabilidades políticas.

Ni Rajoy, ni la vicepresidenta, ni el ministro de Interior Zoido, ni el secretario de Estado Nieto, ni directores generales de Policía y Guardia Civil, ni responsables policiales y en especial el director del CNI, han asumido ninguna responsabilidad por ese brutal error cometido el 1-O que quedará como un día negro en la historia de España y Cataluña. 15 policías que cumplieron órdenes actuando en Cataluña están hoy imputados. No hay mayor prueba de debilidad de un Estado. Un Gobierno decente habría anunciado ya el indulto a todos los policías que pudieran resultar condenados por cumplir órdenes contra acciones que pretenden romper la nación. El Gobierno habla de indultar a los golpistas, no a sus policías. España, sus gobiernos, siempre fueron una mala madrastra. Y España pierde.