Fiscalía y comisión de investigación ya

Ni PP, ni PSOE y ni Ciudadanos, la oposición de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, deben obviar las múltiples irregularidades orquestadas por Manuel Leira, hijo de la alcaldesa, que encierra el proceso de adjudicación para la proyección de la sede de Metro de Madrid. Con premura, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía electoral, las citadas formaciones deben promover en el seno municipal una comisión de investigación que analice el concurso público ganado por los socios de Leira a través de Nexo Arquitectura.

La adjudicación, que desde el principio ha estado salpicada de polémica debido a las anomalías promovidas por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) controlado por Leira, se resolvió en 2014 y el adjudicatario fue A- Cero, el estudio de arquitectura de Joaquín Torres. Sin embargo, la institución colegial, en aquel entonces liderada por el hijo de Carmena y la actual asesora de Urbanismo, Pilar Pereda, funcionó como un lobby y logró tumbar la resolución concursal arrebatando a Torres un proyecto de 1,9 millones de euros. La influencia de Leira surtió efecto y, de nuevo, en 2016 se convocó una nueva licitación pública que gestionaría, casualmente, el COAM en el que el hijo de la alcaldesa había estado hasta 2015.

Demasiada serendipia, desde luego, para pensar que en este concurso público de casi 2 millones de euros ha habido más casualidades que causalidades. Sobre todo, porque Leira, consciente del conflicto de intereses, se retiró tras la primera fase de la adjudicación, cuando el proyecto ya estaba entre los finalistas, para no cerrar las puertas a sus socios Iván Carbajosa y Lourdes Carretero. Sin embargo, y a tenor de la sociedad KWI MAD registrada hace casi un año por el hijo de Carmena con los mismos accionistas, en ningún momento ha tenido la intención de renunciar al beneficio de la adjudicación de Metro.

Por ello, y por los deleznables métodos de presión de Leira para alterar la licitación de un proyecto público –un delito tipificado en el Art. 262 del Código Penal–, la oposición municipal debe actuar para investigar los sospechosos negocios del hijo de Carmena. No obstante, no sólo debe actuar de inmediato el Ayuntamiento de Madrid, también la Comunidad de Madrid –de la que depende Metro– y la Fiscalía que tanta prisa se da por investigar la corrupción del PP debe poner en la diana a este concurso público que, de manera clara y evidente, atenta contra la normativa vigente y el interés general.