¿Cargarse las vacas lecheras de la economía española?

Rodeado de la paz pirenaica, en el Valle de la Cerdaña, donde la luz natural irradia durante todo el día gracias a su orientación Este–Oeste, con mañanas radiantes y soleadas que invitan, si el calor lo permite, a caminar detrás de una bola de golf —que no a jugar sino a intentar dar algún golpe mínimamente aceptable—, con tardes tormentosas en las que descarga agua y más agua —¡bendita sea sobre todo cuando vemos los embalses y pantanos cada vez más llenos!—, recapacito acerca de las subidas fiscales que vienen con el nuevo Gobierno: demenciales absolutamente. En el mundo hay esos odiados paraísos fiscales, que tanta inquina política levantan y que sin embargo tantos montones de dinero mueven, con las empresas buscando su socaire, y los infiernos fiscales. España en estos momentos, de no remediarse la tempestad tributaria que está a punto de desatarse, va camino de convertirse para las empresas en un castigado infierno fiscal. Y de los infiernos evidentemente todo quisque quiere huir.

Era una mañana cualquiera, en un aeropuerto europeo cualquiera. Volaba con destino a Madrid. Tras acomodarme en el avión —¡qué es un decir porque hoy en día volar es un ejercicio de puro masoquismo con espacios de low cost!— mi vecino de asiento, directivo norteamericano de un fondo inversor, con su limitado pero grandilocuente castellano, cosa que agradezco, me suelta: “España no previsible. Hoy blanco, mañana negro. Leyes no estables, Inseguridad jurídica. Nosotros tenemos demandas presentadas contra el Gobierno español en tribunales internacionales”. ¡Vaya imagen que damos, pienso para mis adentros, mientras voy asintiendo atento a las explicaciones del vecino norteamericano! Ni que decir tiene que esa percepción sobre nuestro país impide prosperar en los negocios y atraer más inversión internacional.

Ahora, nos encontramos en trance de soportar un duro golpe para nuestras empresas que uno, igual pensando muy mal, llegaría a barruntar si con el cariz de la reforma tributaria, que a modo de globo sonda se va lanzando, con el impuesto sobre sociedades como eje de todos los males habidos y por haber, estamos ante una estratagema de acoso y derribo al sector empresarial. ¿No será ese el objetivo final de tanta izquierda metida en labores de Gobierno? Porque reformar el impuesto sobre sociedades imponiendo un tipo del 15% sobre el resultado contable, agravado con suprimir de cuajo toda la compleja arquitectura de deducciones que los gobiernos de turno han ido tejiendo y por añadidura eliminar exenciones a plusvalías y dividendos e incluso hacer tributar en España beneficios que ya han pagado impuestos en los países dónde se han obtenido, no solo contraviene los convenios suscritos por España para evitar la doble imposición, también penetra en el ámbito de la inconstitucionalidad.

La capacidad económica es la referencia proclamada por nuestra Constitución para pagar impuestos y tal capacidad se determina por ley siendo la base imponible del Impuesto sobre Sociedades su medidor. Actuar así, por parte del Gobierno, equivale a echarse en su contra a todo el empresariado español porque los autónomos, con sus cotizaciones, también están en el punto de mira de un Gobierno reformador. La indecencia en trance llevaría a qué a las empresas, que acumularon pérdidas en los amargos años de crisis y que contra viento y marea han sido capaces de sobrevivir, se les niegue o recorte, en plan inmundicia, el justo derecho a compensar aquellos déficits. Todo sea por insensatos afanes tributarios que sirven para engrosar la recaudación con la finalidad de seguir sosteniendo un país cuyo gasto público es más que recortable.