La batalla cultural empieza por el Estado

En Suecia, tras las recientes elecciones generales, los inmigrantes no europeos nacionalizados, la mayoría de confesión musulmana y que ya representan el 13% de la población con derecho a voto, serán decisivos para determinar quién y cómo debe gobernarse el país escandinavo los próximos años. Un territorio donde la sharía (ley islámica) está tan extendida en determinadas zonas que ha comido el terreno a las tradiciones, normas y libertades locales.

Perdidas igualmente Bélgica y Francia para el proyecto de una Europa enraizada en los valores que nos entregó Grecia con su pensamiento, Roma con sus leyes y el cristianismo con su espíritu, la progresiva islamización de sociedades otrora impenetrables exige una reacción inmediata de las fuerzas políticas no alineadas con este movimiento, tan liberticida como contrario a los fundamentos que edificaron la ciudadanía europea. Porque Europa está dejando de serlo por esa combinación siniestra de burócratas sobornables e incompetentes con escaño.

En España, el peligro es más que evidente. Somos invadidos en silencio o a la vista de todos, como está pasando en Ceuta. Con la colaboración de un Gobierno cómplice y una Unión Europea desnortada, unas autoridades serviles y una población anestesiada que, ensimismada en la autocomplacencia, no ve peligrar lo que sus ancestros dejaron para que conservasen.

Y no sólo no estamos sabiendo conservar lo insustituible (la nación y su soberanía como principio), sino que empezamos a aceptar como plausible lo que hace años no se consideraba ni debatible. La ventana de Overton no sólo se mueve hacia donde la izquierda quiere, lo woke, la sinrazón, el enfrentamiento y la instauración del falso dilema perpetuo, sino hacia la destrucción de Occidente tal y como lo conocemos.

Cada vez son más los inmigrantes, sobre todo magrebíes, que vienen a ser mantenidos por el Estado. Este periódico publicó días atrás cómo una mujer marroquí, empadronada en Navarra, cobraba más de cuatro mil euros al mes sin tener una nómina, amén de tener garantizada la cobertura para pagar todos los suministros de la casa, cuya cuantía corre en su mayor parte a cargo de la generosa ubre estatal. La pretensión de la agraciada hija de Alá no es trabajar, por supuesto, porque ello le supondría, palabras textuales, no poder atender a sus sobrinos, por los que recibe una subvención precisamente para que pueda contratar a alguien encargado de dicho menester. Sumando todas las partidas, se concluye que en esa casa menesterosa habitada por tres personas entran limpios casi cinco mil euros al mes.

Ahora multipliquen esa cifra por los millones de personas que en España se encuentran en esa situación, algunos con la impunidad de saber que no les pasará nada porque ya tienen la nacionalidad que el socialismo ha regalado a cambio de un voto a perpetuidad.

Esto, como es natural, lo pagamos el resto de contribuyentes, a los que Hacienda aprieta y extorsiona con la ligereza que le da ser un órgano lleno de funcionarios intocables al servicio de un régimen corrupto e insaciable. Esto cambiará algún día, porque la ilógica que permite que unos pocos sacrificados mantengan a cuerpo de sátrapa a una mayoría de caraduras no es infinita.

Empero, la actual coyuntura a todas luces destructiva del bienestar social y la riqueza nacional no se arregla con motosierra, sino con napalm. Hay que arrasar cualquier ecosistema que favorezca al mantenido y no al productivo, que priorice controlar al subvencionado antes que incentivar al emprendedor. El socialismo y todo el orbe progre mugre siempre tenderá a facilitar al parado, porque vive del voto cautivo que da el que siempre responde ante un Estado paternalista, pero una alternativa liberal-conservadora como la que se ofrece debe entender que el futuro de España sólo será posible si se dejan fuera, en el presente, los complejos políticos e ideológicos.

Eliminar todo sistema de subvenciones improductivas empieza por repasar cuantos menesterosos llegan a España a ser mantenidos por los que siempre han cotizado. Y a fuer de ser respondido en las calles por ese ejército de zombies estatales sin cuya ayuda eterna no son capaces de buscar un empleo y alimentar a su familia, las medidas deben ser tan firmes como inalterables.

No es justo que una familia que lleva pagando impuestos toda su vida para mantener la caja común y los servicios públicos cada vez más deficientes reciba menos prestaciones, ayudas por nacimiento y rebajas fiscales que aquellos que llegan por el efecto llamada de quien considera que el dinero público no es de nadie.

Si la Ley de Nietos es la consagración de un golpe de Estado por vía legal, el Estado del bienestar es la confirmación de un robo asumido que debemos empezar a combatir. Y para derribar ese muro moral y sustituir ese concepto tan propio de la posguerra mundial por el más adecuado de «sociedad del bienestar» hay que comprar tijeras y cortar de raíz ese gasto improductivo eterno que mantiene acomodadas a cantidades ingentes de población cuya única aspiración en la vida es que otros le paguen el interné.