Barra libre al separatismo, pero a los agricultores ni agua

Una cosa son las cuentas y otra, bien distinta, los cuentos: es un cuento que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado medidas para evitar la crítica situación de agricultores, ganaderos y pescadores, abandonados a su suerte por un Ejecutivo que dice comprender sus protestas, pero que no hace absolutamente nada por ayudarles. Las cuentas hablan por sí solas: porque mientras Pedro Sánchez ha recurrido a su poder de veto para negar al PP la posibilidad de debatir una proposición de ley dirigida a establecer medidas para ayudas, cifradas en 790 millones de euros, al sector primario, esto es, agricultores, ganadores y pescadores, dotándoles de la categorización de «sector estratégico», el Gobierno va a perdonar 15.000 millones de deuda a los independentistas catalanes, tal y como consta en el acuerdo que incluye también la Ley de Amnistía.

El rechazo del PSOE a la medida en apoyo del sector primario se ha fundamentado en el alto coste que tendría para las arcas del Estado, de modo que Sánchez se ha negado con el pretexto de que esos 790 millones de euros son inasumibles desde un punto de vista presupuestario. Moncloa calcula que esa sería la cuantía necesaria para bajar los costes de producción y, con ello, equilibrar la cadena alimentaria sin subirle los precios de los alimentos a los ciudadanos y sin tener que cerrar explotaciones.

Según el Gobierno la aprobación de esta proposición de ley de los populares es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado «una disminución de los ingresos presupuestos y un aumento de los créditos presupuestarios», por lo que el Gobierno rechaza así prestar la conformidad para su tramitación «en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución». O sea, que su negativa es en redondo, por lo que la iniciativa del PP ni siquiera podrá debatirse en el pleno del Congreso. Sin embargo, los 15.000 millones de euros que Sánchez va a perdonarles a los separatistas catalanes sí que son asumibles. Es el coste que tiene garantizarse su continuidad en la Moncloa.