Antoni Vera se mofa de las familias
El Partido Popular de las Baleares se comprometió en su programa electoral a hacer efectivo el derecho de las familias a elegir la primera lengua de enseñanza. Un derecho exótico que llevaba casi 30 años sin ejercerse. Se trataba de un compromiso del PP balear, al margen del acuerdo de 110 puntos programáticos con Vox. Desde el mes de junio, Escuela de Todos advirtió a la Consejería de Educación de que algunos directores de centro no estaban ofreciendo la posibilidad de elegir a las familias que matriculaban a sus hijos por primera vez (4º de Infantil), al omitir las dos casillas de elección de lengua en los impresos de matriculación.
Pese a los continuos avisos, Antoni Vera se abstuvo de dar ninguna orden explícita a los directores. El resultado de la incuria y negligencia -dejémoslo ahí- de la Consejería de Educación ha sido que un 40% de los centros (136 centros) habrían impedido presuntamente a las familias elegir la primera lengua de enseñanza al no encontrar las dos casillas en el impreso de matriculación. Los directores de estos centros habrían comunicado después a la Consejería que todos y cada uno de los matriculados habían elegido el catalán y ninguno el español.
El tema es grave, no solo porque de confirmarse involucraría a los responsables de la Consejería, sino también a muchos directores que habrían comunicado unos datos que no tenían. De momento, la izquierda política y mediática calla por conveniencia. El fin (erradicar el español de las aulas) justifica los medios, en este caso, el filibusterismo de Vera a la hora de dar cumplimiento a un compromiso electoral con mucho rechazo por parte del establishment educativo.
Así funcionan los acongojados dirigentes del PP balear. Ahora dicen que sólo están sometidos a su programa electoral. Pues bien, lo incumplen. Han venido repitiendo que la normativa lingüística era intocable y fruto del consenso que entre todos nos dimos. La incumplen. Dicen que la Ley de Normalización Lingüística (1986) representa la cúspide del consenso lingüístico que nunca nadie debería haber cuestionado. Pues también la incumplen. Dicen que la aprobación del Decreto de mínimos (1997) concitó las más altas cotas de consenso del país, un decreto cuya ambigua disposición adicional segunda permitió convertir un bilingüismo razonable en una inmersión lingüística por la puerta de atrás. Pues llevan décadas dando la espalda no sólo al espíritu del legislador (el PP de Matas), sino que ahora también vulneran la letra: el Decreto de Mínimos prohíbe la atención individualizada a quienes elijan español, atención individualizada que ahora pretenden encasquetar a los alumnos de 4º de Infantil que han elegido el español como primera lengua de enseñanza.
Dicen también que hay que respetar la Ley de Educación Balear (2022), contra la que el PP votó hace dos años después de la traición in extremis de Martí March cuando eliminó la vehicularidad explícita del español. Pues también incumplen la ley March en su artículo 135.1.c. que consagra la libertad de elegir la lengua en primera enseñanza. Así las gasta el Partido Popular de la asustadiza Marga Prohens y su fiel mayordomo en la Consejería de Educación, un Antoni Vera al que le debe doler la zona lumbar de las genuflexiones que prodiga a los sindicatos docentes. Estos dos liberales de boquilla alegan que no quieren confrontación cuando en realidad lo que tienen es auténtico pavor a cualquier lobby con capacidad de extorsión, sea el catalanismo organizado o el gremio de taxistas. A cuanta más violencia, más acojone. Al único a quien al parecer no toleran el menor atisbo de «violencia» simbólica es a Gabriel Le Senne. Católico y buena persona tenía que ser.
El consenso no va de normativa: va de rendición ante el lobby catalanista
El consenso lingüístico del que tanto presume el PP balear no consiste en aceptar la normativa tal como está, en dejarla intacta, en no tocar «ni una coma». Como ya he demostrado, incumplen toda la normativa por la cara. Seamos claros. El único y verdadero consenso consiste en el cambalache con los poderes fácticos y el statu quo, quedar bien con el catalanismo organizado, evitar cualquier confrontación con él y comprar voluntades con prebendas de todo tipo y raudales de dinero público. Millones, muchos millones, a menudo sirviéndose de los colegios que ya lo hacían bien, a ver si así aparentamos hacer algo. Siempre será más fácil tirar de chequera que enfrentarse a cara de perro con tus adversarios y soportar campañas políticas y mediáticas insufribles.
El verdadero consenso consiste en no molestar al establishment educativo que se siente muy cómodo con «su derecho» a enseñar en catalán sin importarle el interés de los estudiantes. El consenso consiste en no molestar a los sindicatos docentes con los que todo se negocia y que son los que siguen mandando en la consejería gracias a su capacidad de extorsión. El consenso consiste en no molestar a la FAPA de Cristina Conti. El consenso consiste en no exigir al obispado que sus colegios den alguna asignatura en español, no sea cosa que hundan todavía más a la Iglesia de Mallorca. El consenso consiste en no exacerbar los ánimos de una minoría nacionalista, organizada y ruidosa de maestros a punto de jubilarse que tienen acobardados a la mayoría de sus compañeros, que no quieren problemas ni pasar el mal trago de que dejen de saludarles por el pasillo. El consenso consiste en no molestar a los directores en su mayor parte seleccionados a medida por Manuel Perelló, una vaca sagrada en Educación durante lustros y asesor áulico de Martí March en su día.
El gobierno de las leyes lockiano al que en principio se debería un partido tan liberal, legalista, institucional y constitucional como el de los miedosos Marga Prohens y Antoni Vera ha degenerado en un gobierno de hombres, donde la decisión de los hombres, apoyándose en el filibusterismo burocrático a la hora de aplicar la norma, termina sustituyendo a las propias leyes que dicen defender.
El dúo Pimpinela
Pero si de dúos hablamos, ¿qué me dicen del dúo Pimpinela que forman el engolado Antoni Vera y la aspirante Amanda Fernández en el Parlamento balear? ¡Qué espectáculo! ¡Cuánta farsa! La función semanal tiene lugar todos los martes sobre las diez y media en el Salón de las Cariátides, espectadoras de lujo de un divertido sainete entre dos farsantes que mienten a sabiendas a mayor gloria de sus respectivos partidos con la única intención de mantener un enfrentamiento ficticio de «principios» para consumo de sus terminales mediáticas amigas, aunque sin fruto alguno para los administrados.
A Fernández no se le cae el término segregación lingüística de los labios, un término vapuleado incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), un tribunal nada sospechoso de españolista tras haber rechazado el derecho de una familia a elegir un miserable 25% de las horas lectivas en español, haciendo caso omiso a toda la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. A nuestro héroe de la libertad, Antoni Vera, no se le cae de la boca la palabra libertad ni sus diatribas al Estado «intervencionista» ni tampoco al «respeto a la ley». Un debate de narrativas (falsas narrativas, como todas, por cuanto no tienen otra función que ocultar la verdad y la realidad) que provoca vergüenza ajena ya que a la hora de la verdad (¡por sus frutos los conoceréis!) Fernández y Vera, tanto monta, son como dos gotas de agua. Mismos objetivos (catalanismo obligatorio), intereses contrapuestos.
Nos encontramos ante el PP quedabién, hipócrita y acojonado de siempre, el de Cañellas, el de Soler, el de Matas, el de Bauzá y ahora el de Prohens. Una formación que ha hecho de la cobardía ideológica su única razón de ser mientras se presenta como la única alternativa a la izquierda, a la que sigue a pies juntillas en todas sus políticas.
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