El Mar Menor estrena su personalidad jurídica en un juicio penal contra un agricultor por contaminarlo

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 18/05/2026 12:38
  • Actualizado: 18/05/2026 12:38

El Mar Menor ejercerá este miércoles su personalidad jurídica ante un tribunal penal para exigir justicia por los vertidos ilegales que han dañado sus aguas durante años.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha hecho posible que este ecosistema se convierta en el primer ecosistema de Europa en comparecer ante un tribunal penal ejerciendo su propia personalidad jurídica como víctima y acusación particular.

Es la primera vez en Europa que un ecosistema natural comparece como víctima y acusación particular contra un empresario agrícola acusado de operar desaladoras clandestinas.

Este hito es posible gracias a la Ley 19/2022, marco normativo pionero que reconoce al Mar Menor como sujeto de derechos propios y con capacidad para defenderse ante los tribunales. La laguna salada murciana se convierte así en el primer ecosistema del continente en activar esa personalidad jurídica en un proceso penal.

Siete años de prisión

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 7 años de prisión por un presunto delito contra el medioambiente. El procesado, administrador de dos empresas mercantiles, explotaba unas 16 hectáreas en el Campo de Cartagena entre 2015 y 2017 mediante maquinaria de desalobración que carecía de la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el rechazo de esas desaladoras clandestinas era vertido directamente al subsuelo. Desde allí, el flujo de salmuera y nitratos alcanzaba la laguna, agravando un deterioro que los peritos han calificado de «sustancial» para los sistemas naturales del entorno.

162.345 metros cúbicos contaminados

La investigación, liderada por el Seprona de la Guardia Civil en colaboración con agentes medioambientales, cuantificó el impacto: un rechazo total de 162.345 metros cúbicos con una concentración de nitratos de 168 miligramos por litro. Los peritos determinaron que esa carga contaminante contribuyó al «deterioro irreversible y catastrófico» del ecosistema.

El Ministerio Público sostiene que el procesado actuó con «plena conciencia» de la ilegalidad de su conducta y del riesgo que suponía para el equilibrio de los hábitats de la zona. El perjuicio económico al medioambiente ha sido valorado en 506.137,44 euros.

Multa e inhabilitación

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía interesa imponer al acusado una multa de 30 meses con una cuota diaria de 10 euros. También solicita la inhabilitación especial durante 4 años para ejercer como administrador o gerente de empresas del sector agrícola, así como una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado por los daños causados al dominio público hidráulico.

El juicio supone el primer examen práctico de la Ley 19/2022, norma que ha colocado a España a la vanguardia mundial en el reconocimiento de derechos de la naturaleza. El Mar Menor, cuya crisis ecológica saltó a la actualidad internacional con las mortandades de peces de 2019, tendrá voz propia en sala para reclamar reparación por los vertidos ilegales que la han deteriorado de forma notable.

Precedente europeo

El proceso abre además un debate jurídico de alcance continental: si los tribunales admiten plenamente la acusación particular del Mar Menor, el fallo podría sentar un precedente que inspire legislaciones similares en otros países de la Unión Europea. Organizaciones ambientales y juristas especializados seguirán de cerca el desarrollo del juicio en Cartagena.

La vista oral determinará en qué medida la personalidad jurídica reconocida por ley se traduce en influencia real sobre el fallo y la reparación del daño. Para el Mar Menor y sus defensores, el resultado es una prueba de que los ecosistemas pueden convertirse en actores de su propia defensa ante las instituciones del Estado.

El juicio en Cartagena refuerza que la personalidad jurídica del Mar Menor no es sólo un símbolo: es un instrumento legal activo capaz de poner ante la justicia a quienes contribuyeron a sus vertidos ilegales con instalaciones no autorizadas.