El Tribunal Superior ordena a Ayuso crear la lista que señala a los médicos objetores del aborto
La Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes que recurrirá la decisión del TSJM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que inicie «de inmediato» la creación de la lista que señala a los médicos objetores del aborto. El Ejecutivo regional recurrirá esta medida contra los profesionales que se oponen a las interrupciones voluntarias del embarazo.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Díaz Ayuso a crear el registro de objetores que señala a los médicos.
El TSJ de Madrid especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración e «implantación», en cumplimiento de la normativa vigente.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, recurrió a la vía judicial escudándose en que Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley, incluso ante el requerimiento enviado por el Gobierno. La Justicia madrileña ha aceptado la cautelar pedida por Sanidad, al entender que no adoptarla «perpetuaría una perturbación del interés general» y también de los intereses de los profesionales sanitarios y de las mujeres gestantes.
Los magistrados señalan que no crear el registro de objetores supone una «clara afectación del interés público», que «está implícito en el cumplimiento de una obligación directa» impuesta en una ley orgánica y en el incumplimiento del acuerdo del Consejo Interterritorial, en el que además Madrid prestó su «expresa conformidad» con un voto favorable.
Madrid explicaba además que las solicitudes de aborto en los hospitales se analizan internamente, se programan dentro del centro cuando algún profesional está en disposición practicarlos y, en caso contrario, la mujer embarazada es derivada a la Unidad IVE «para ser valorada en las clínicas autorizadas».
Madrid recurrirá la decisión
La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la creación del registro de objetores de conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), subrayando que la resolución judicial, que concede la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad, «no entra en el fondo del asunto».
La sentencia obliga a la Comunidad a iniciar los trámites administrativos para elaborar y aprobar el registro conforme al protocolo consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque no implica su implantación inmediata. La Consejería de Sanidad ha defendido que la prestación de este servicio está garantizada en la región y que el Gobierno regional cumple con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
La decisión judicial se produce en el marco del acuerdo del Consejo Interterritorial del 16 de diciembre de 2024, que aprobó por unanimidad el protocolo para la creación del registro, y tras los requerimientos previos del Ministerio de Sanidad a varias comunidades, incluida Madrid. La Comunidad argumenta que la creación del registro es una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario, y advierte que su imposición cautelar podría anticipar el resultado del proceso principal. Además, cuestiona la legitimación del Ministerio para promover el recurso y mantiene que, cuando los profesionales ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados para garantizar la atención.
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