El Gobierno de Ayuso demanda a ‘Mañaneros’ de TVE por un rótulo con «información tendenciosa»
El rótulo señalaba que la Comunidad de Madrid "premiaba a la acusación contra el fiscal"
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha demandado este miércoles al programa Mañaneros, presentado por Javier Ruiz en TVE, tras la emisión el pasado 1 de diciembre de un rótulo que vinculaba una subvención de 43 millones de euros al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con su actuación contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El rótulo señalaba que la Comunidad de Madrid «premiaba a la acusación contra el fiscal», y ha sido considerado por el Ejecutivo como «tendencioso y desinformativo».
🔵Ayuso ‘premia’ a la acusación contra el fiscal
Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad#Mañaneros1D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/vSJuacvnuU
— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 1, 2025
Anteriormente, este abono se realizaba a través del Ministerio de Justicia, que mantiene una asignación de más de 48 millones para garantizar estos servicios en todo el territorio español. Por ello, el Gobierno de Ayuso argumenta que cualquier intento de vincular esta subvención con la actuación de un fiscal responde a un «deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos», y constituye un «ataque» tanto al ICAM como a la propia administración regional.
Además, el Gobierno regional ha aclarado que la tramitación del ICAM como centro universitario adscrito a la Universidad Complutense comenzó en 2023 y ha seguido estrictamente la normativa vigente. Según han mencionado, el proceso cuenta con «todos los informes favorables» y con la concesión del código de centro por parte del Ministerio de Ciencia, lo que permite su incorporación a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores. La Comunidad de Madrid sostiene que la vinculación de este proceso con la actuación del fiscal general es «injustificada» y pretende «desacreditar» a ambas instituciones.
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