El protegido de Montero que alquiló el piso de la cloaca, juzgado por delitos penados con 18 años de cárcel

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 17/06/2025 06:46
  • Actualizado: 17/06/2025 12:02

Vicente Fernández Guerrero, protegido de María Jesús Montero que colocó en la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que alquiló el piso que utilizaba la cloaca para reunirse, está siendo juzgado por un delito penado con 18 años de cárcel en el caso Aznalcóllar. También se enfrenta a 60 años de inhabilitación y una multa de dos millones de euros.

El juicio oral arrancó este 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla con 16 acusados -entre ellos, varios altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE- enfrentándose los procesados penas que suman un total de 348 años de cárcel. El juez indaga sobre el polémico concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. 

El procedimiento judicial analizaba la adjudicación en 2015 de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), una de las mayores reservas de zinc y plomo de Europa. El proceso fue impulsado por la Junta de Andalucía y adjudicado a Grupo México-Minorbis.

Esta adjudicación generó sospechas de irregularidades y trato de favor frente a la otra empresa concursante. La Fiscalía y la instructora apuntaron a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

El caso fue instruido por la juez Mercedes Alaya, reconocida por su exhaustiva investigación del caso de los ERE contra el Gobierno socialista andaluz.

La Fiscalía solicitó la absolución de los acusados al considerar que no hay indicios de delito. Sin embargo, las acusaciones particulares como Emerita Resources y Ecologistas en Acción sostienen que hubo irregularidades. La petición de cárcel llega a 19 años para alguno de los acusados, como es el caso de Vicente Fernández Guerrero.

El procesamiento acabó con la marcha de la presidencia de la SEPI. El andaluz ha dejado el cargo bajo las sombras de una gestión controvertida, con expedientes cuestionados como los de Plus Ultra y Duro Felguera.

Hombre de confianza de Montero

Vicente Fernández Guerrero era un protegido de María Jesús Montero. La ministra le trajo de Andalucía para nombrarle presidente de la SEPI, en sustitución de Pilar Platero. Su nombramiento como al frente de la SEPI fue considerado como un «agradecimiento a los servicios prestados». 

Nacido en Málaga en 1973, se graduó en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996. Más tarde, en 1999, superó las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Ha ocupado la jefatura de las Asesorías Jurídicas de diversos Departamentos de la Junta de Andalucía. También ha ejercido el cargo de secretario de diversos consejos de administración de empresas públicas. 

En febrero de 2016, el protegido de Montero, ocupó el puesto de interventor general de la Junta de Andalucía, el órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración andaluza y de la totalidad de sus entidades instrumentales. 

El piso de la cloaca

Vicente Fernández Guerrero alquiló uno de los pisos francos que tiene el PSOE en Madrid para reunirse con la cloaca.

Fuentes vecinales aseguran haberle visto en numerosas ocasiones por el edificio de la calle Diego de León número 36, en pleno barrio de Salamanca madrileño, que Leire Díez y Javier Pérez Dolset utilizaban para sus reuniones. 

Fernández Guerrero subía hasta la sexta planta en la que se ubicaba el piso franco. Según las mencionadas voces, al inmueble también accedían una abogada llamada María, experta en contabilidad, y un empresario sevillano.

Todos ellos dijeron que habían alquilado el piso para montar un despacho de abogados junto a unos socios. Sin embargo, los socios no aparecieron y acabaron dejando el piso. Mientras tanto, Leire Díez y Javier Pérez Dolset hacían uso de la propiedad.

Llevaban a confidentes hasta el piso, accediendo por el garaje, y estaban durante horas en el interior del mismo intentando sacarles información. A cambio, les ofrecían pactos con la Fiscalía y mejorar su situación judicial en el caso de que esos interlocutores estuvieran imputados.

El piso contaba con tres habitaciones en las que había tres mesas de reuniones. No estaba amueblado, ni habitado. Únicamente era utilizado por la cloaca del PSOE para nutrir su campaña contra jueces, fiscales y periodistas críticos con el Gobierno.