«Perjudicados por Abengoa» se une a la fiscalía y solicita 5 años de prisión para Felipe Benjumea

La plataforma «Perjudicados por Abengoa» ha presentado este martes su escrito de acusación ante el juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional que investiga la indemnización de 11,4 millones del ex presidente de la compañía, Felipe Benjumea.

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la plataforma coincide con la calificación penal efectuada por la fiscalía de la Audiencia Nacional y solicita 5 años de prisión para el ex presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y 4 años y 3 meses para el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, que cobró una indemnización de 4,5 millones. Ambos está acusados de un presunto delito de «administración desleal».

También estás acusados por este mismo delito, los ex consejeros Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, que integraban y asistieron a la reunión de la Comisión de Nombramientos y retribuciones donde se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias investigadas.

Tanto «Perjudicados por Abengoa» como el fiscal piden 3 años y 6 meses de cárcel para ellos, al entender que sin la colaboración de estos tres cargos, ni Benjumea, ni Sánchez habrían obtenido dichas indemnizaciones.

La plataforma, que ejerce la acusación particular en el caso y cuya defensa procesal encabeza Felipe Izquierdo, cuantifica en concepto de responsabilidad civil derivada del presunto delito de administración desleal la cantidad de 10,5 millones de euros.

Al igual que el Ministerio Fiscal, la plataforma pide la apertura de juicio oral para de Felipe Benjumea, Manuel Sánchez Ortega, Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornieles. Además, solicita nuevas declaraciones de testigos y diversa documentación.

Benjumea más cerca del banquillo

Tras la presentación del escrito de acusación de «Perjudicados por Abengoa», el ex presidente de la compañía sevillana está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Según el escrito de la fiscalía, Felipe Benjumea “decidió aparentar su marcha de la sociedad como si fuera una condición impuesta por los bancos y de obligado cumplimiento, cobrando unas indemnizaciones a las que no tenía derecho y que no se correspondían con la realidad de los acontecimientos, teniendo en cuenta además que permanecía en el Consejo de Administración bajo la denominación de ‘asesor’ del Consejo, aunque cobrando idéntico sueldo que venía cobrando como consejero”.

Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en un auto judicial donde acordaba la transformación del caso en procedimiento abreviado, aseguraba que los derechos reconocidos en esas cláusulas “no estaban contemplados en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles”.

Además, la magistrada hacía constar que las indemnizaciones de los dos ex altos cargos se produjeron cuando la empresa ya atravesaba problemas económicos por lo que las compensaciones económicas “no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad”.