La mano derecha de la líder del PP de Cantabria llevó al discapacitado a retractarse ante la Guardia Civil

Apenas unos días después de convertirse en la nueva presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga acudió con los miembros de su ejecutiva a su primer acto público: la inauguración de una inmobiliaria en Santoña. La empresa pertenece a Miguel González, actual secretario general del PP en el municipio de Laredo.

Miguel González es precisamente el dirigente del PP que el pasado 8 de marzo acompañó a una persona con discapacidad de Laredo, cuyo nombre de pila responde a la inicial M., a un puesto de la Guardia Civil para retractarse de la declaración que había prestado tan sólo 24 horas antes.

M. es un desempleado cuyos ingresos se reducen a una modesta pensión que cobra por su discapacidad. Pero a lo largo de dos días, desde su cuenta bancaria se realizaron 491 transferencias que suman 8.852 euros para pagar las cuotas de 491 afiliados del PP de toda la provincia, con el fin de que pudieran votar en el congreso regional del partido.

Esta maniobra dio un vuelco en el resultado de la votación, ya que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP de Cantabria al ganar por tan sólo cuatro votos de diferencia a su rival, el ex presidente del Gobierno autonómico Ignacio Diego.

Dos versiones ante la Guardia Civil

Como ha informado OKDIARIO, el ex secretario general del PP de Laredo Ramón Arenas San Martín acudió el pasado 7 de marzo a un puesto de la Guardia Civil para denunciar estos hechos, por considerar que se había producido un presunto fraude. Lo hizo acompañado por el discapacitado M., quien declaró que ni había ordenado las 491 transferencias realizadas desde su cuenta corriente, ni había autorizado a nadie a hacerlo.

Pero 24 horas después M. volvió al cuartel de la Guardia Civil, esta vez acompañado por una abogada del PP y por Miguel González, el empresario cuya inmobiliaria ha inaugurado la nueva presidenta regional del PP. En esta visita, el discapacitado se retractó de su declaración anterior y ofreció una versión completamente distinta: aseguró que facilitó las claves de su cuenta corriente para que desde ella se pudieran abonar las cuotas de casi 500 afiliados del partido.

No aclaró quién había aportado los casi 9.000 euros necesarios para efectuar estos pagos, ya que parece evidente que el dinero no salió de la modesta pensión. Ante la pregunta de quién aportó el dinero, distintas fuentes apuntan, precisamente, al empresario inmobiliario y secretario general del PP de Laredo que condujo a esta persona discapacitada ante la Guardia Civil: Miguel González.

Acogiéndose a esta segunda declaración, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Laredo, Ana Cristina Pomposo, ha archivado provisionalmente la denuncia interpuesta por Ramón Arenas, quien sostiene que lo ocurrido puede constituir un delito de financiación ilegal del PP. La juez debe resolver todavía el último recurso presentado contra su auto de sobreseimiento.

Lo cierto es que lo ocurrido ha alterado el resultado del congreso regional. El ex presidente autonómico Ignacio Diego ganó las primarias del PP de Cantabria celebradas el pasado 8 de marzo, al obtener 1.568 votos frente a los 1.414 que recibió la candidata apoyada por la dirección nacional del partido, María José Sáenz de Buruaga.

Si Sáenz de Buruaga no hubiera contado con el voto de los 491 afiliados cuyas cuotas fueron abonadas desde la cuenta corriente de un discapacitado, el margen de la victoria de Ignacio Diego hubiera sido mucho más amplio, lo que le habría permitido proclamarse automáticamente como nuevo presidente regional del PP.

El PP dice que todo fue legal

De acuerdo con los estatutos del partido, al no superar a su rival por un margen de 15 puntos, ambos candidatos mantuvieron su pugna hasta el congreso regional en el que participaron algo más de un millar de compromisarios (que habían sido elegidos en la misma votación del 8 de marzo). Esta vez, María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta por tan sólo cuatro votos de diferencia frente a su rival.

Fuentes oficiales del PP de Cantabria han recalcado que los estatutos del partido permiten el «pago masivo» de cuotas de los militantes, por lo que a su juicio no ha ocurrido «nada ilegal. Es algo que se produce con cierta frecuencia, también en el congreso nacional del PP».

Las mismas fuentes aseguran que M., el desempleado cuya cuenta corriente fue utilizada para pagar las cuotas de 491 afiliados de toda la provincia, no es tiene una discapacidad psíquica, como indicó ayer OKDIARIO, sino que «tiene una discapacidad física: tiene una pérdida de visión del 95% en el ojo derecho».

Sin embargo, en los distintos recursos presentados por Ramón Arenas ante el Juzgado se indica que, además de este problema de pérdida de visión, «es notorio en el pueblo de Laredo que M. padece un retraso mental» y se solicita que el Servicio Cántabro de Salud acredite qué grado de discapacidad psíquica tiene reconocida. Ramón Arenas ha aportado también ante la juez una grabación en la que M. se reafirma en su primera declaración, según la cual nunca ordenó las transferencias para pagar las cuotas de los afiliados ni autorizó a nadie a hacerlo desde su cuenta. Ramón Arenas ha sido secretario  general del PP local y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Laredo.