Un juzgado desautoriza al juez Velasco y obliga a un consistorio a pagar a un investigado en Púnica

El juez Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, ha sido desautorizado judicialmente. El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional afirmaba en un auto en mayo que las adjudicaciones en las que existen importante indicios de su irregularidad «pueden originar los procesos de revisión o de suspensión» para no hacer frente a dichos abonos.

Es decir, el magistrado recomendaba a las administraciones afectadas directa o indirectamente por los tentáculos de la Púnica no pagar. Una tesis que ha provocado la quiebra de muchas personas y empresas relacionadas con la trama, sin que todavía haya una sentencia condenatoria.

Éste es el caso del experto informático, Alejandro de Pedro, investigado por Velasco. Hace pocas semanas, el ayuntamiento de Coslada era condenado a pagarle los 1.800 euros que le debía por los trabajos realizados para este consistorio, que además no está involucrado, relacionado con la trama Púnica.

En concreto, este ayuntamiento madrileño le deberá abonar dos facturas por la inserción de «banners» publicitarios en un diario digital de Coslada, que De Pedro gestionaba. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid considera que el empresario “ha acreditado suficientemente, a través de la prueba practicada, la realización de los trabajos contratados».

Según ha podido saber OKDIARIO, De Pedro presentará próximamente otra demanda contra la Diputación de León que le debe 7.200 euros por otros trabajos informáticos. Entre los hechos que investiga el juez Velasco en León se encuentra el contrato de reputación online de aproximadamente 1.500 euros mensuales que firmó el propio experto informático con la Diputación; el plan para relanzar la gestión de la estación de esquí leonesa de San Isidro y por último, las subvenciones concedidas por la Diputación a medios de comunicación.

La denuncia de Alejandro de Pedro podría hacerse extensiva a otras administraciones. El ayuntamiento madrileño de Valdemoro debe a De Pedro cerca de 12.000 euros, la Fundación para el Conocimiento Madri+d, 7.260 euros; el PP de Castellón 4.840 euros y el propio ayuntamiento de Castellón otros 6.292 euros.

De Pedro era propietario de dos empresas informáticas, Eico y Madiva, especializadas en mejorar la imagen de políticos, instituciones o equipos de fútbol. Estas sociedades quebraron tras ser investigadas en la trama Púnica.

El «patinazo» de Velasco

Esta misma semana el instructor de la trama Púnica protagonizaba otra polémica. El juez Eloy Velasco citaba a un supuesto funcionario de la Consejería de Educación de Murcia, que había incriminado al presidente de la Comunidad, el popular Pedro Antonio Sánchez, en la trama corrupta.

A través de una carta remitida al Juzgado, este supuesto funcionario confirmaba el informe de la UCO sobre las reuniones que habría mantenido el presidente murciano con investigados de la Púnica. El juez decidía entonces citarlo como testigo este pasado martes.

Sin embargo, un día antes, el ejecutivo de Murcia comunicaba al juez que «no existía ningún funcionario» que respondiera a ese nombre. Velasco mantuvo la citación y al día siguiente, nadie apareció.