Interior se ve forzado a investigar a un directivo de Prisiones por acusar en falso a funcionarios

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 20/04/2023 19:52
  • Actualizado: 20/04/2023 20:17

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) del ministerio del Interior, que administra las prisiones españolas, ha tenido que abrir una investigación interna para esclarecer la actuación de José Antonio Luis de la Iglesia, director del centro penitenciario de Madrid III, Valdemoro, ya que habría acusado sin pruebas a cuatro trabajadores de esta cárcel de traficar con drogas. La investigación se abre tras la declaración judicial del teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil ante el juzgado que instruye la causa y las contradicciones de ambos ante la juez instructora. El director de la cárcel sostiene que se equivocó al dar el nombre de un funcionario y el mando de la Guardia Civil aduce que el director facilitó nombre y apellidos del funcionario.

La llamada Operación Orión de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en la cárcel de Valdemoro terminó con la detención de cuatro funcionarios de prisiones y el ingreso en la cárcel de Estremera tres de ellos, que tras un largo proceso fueron declarados inocentes, además de la suspensión de empleo y sueldo durante un año.

Detenidos

Los hechos se remontan al 31 de mayo de 2021, cuando tres funcionarios y una funcionaria del centro penitenciario de Madrid III Valdemoro fueron detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición judicial acusados de delitos contra la salud pública, en concreto tráfico de drogas dentro de la prisión.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Valdemoro investiga ahora a José Antonio Luis de la Iglesia, director del centro penitenciario Madrid III (Valdemoro) y a cuatro guardias civiles tras la denuncia de un funcionario detenido injustamente durante la operación Orión el 31 de mayo de 2021. Este funcionario de prisiones denunciante fue puesto en libertad antes de ingresar en prisión, después de que el director de la cárcel reconociese su error al señalarlo ante los investigadores de la Guardia Civil como uno de los implicados en una trama de tráfico de drogas y de móviles dentro de la cárcel. Luego se demostró que ninguno de los funcionarios acusados participaban en ella, tras más de cuatro meses en prisión. La causa contra ellos fue archivada definitivamente en mayo de 2022.

Los funcionarios quedaron señalados, tres de ellos estuvieron en prisión durante cuatro meses y el denunciante Miguel Ángel G.M., el primero que quedó en libertad sin cargos tras detectarse el error, acudió a la Justicia para denunciar la arbitrariedad de su detención, además de los delitos de omisión de perseguir delitos, prevaricación, detención ilegal y falsedad documental al director de Valdemoro y a los cuatro guardias civiles que realizaron el atestado que acusaba a los funcionarios.

En concreto, al director de la prisión se le acusa del artículo 408 del Código Penal, de la omisión del deber de perseguir delitos. La causa se encuentra todavía en fase de diligencias previas y los otros tres funcionarios perjudicados ya anunciaron su intención de allanarse a esta misma denuncia para acusar también al director de Valdemoro.

Testigo

El denunciante argumenta que el director de Madrid III «actuó como testigo en las diligencias previas (…) por los que el denunciante, que es funcionario del centro penitenciario, pasó tres días en los calabozos del Guardia Civil con el resultado de libertad provisional con cargos y medidas cautelares durante los seis meses siguientes». El director de la prisión declaró ante los agentes sobre este funcionario que «tenía información del año 2018 en la que el denunciante se dedicaba a introducir en el centro penitenciario alcohol y móviles».

La Guardia Civil elaboró un atestado y el director del centro penitenciario se ratificó en sus declaraciones. En el informe, se les acusaba de varios delitos supuestamente cometidos dentro del centro penitenciario, y de los que no había constancia alguna.

En concreto, a uno de los detenidos le acusaron de introducir dentro del centro penitenciario una mochila con móviles y droga en el verano de 2018. Sin embargo, en esa época el acusado no podía entrar dentro del centro penitenciario, pues realizaba su trabajo en el exterior del recinto y no entraba nunca. Pero, ante el temor de haber cometido un delito de falso testimonio, el director del centro, rectificó su acusación, alegando que cuando dio el nombre del funcionario de prisiones a la Guardia Civil «él pensaba» en otro funcionario que se llamaba igual que el detenido. Por tanto, la Guardia Civil habría detenido a un funcionario equivocado.

Sin embargo, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, ha elevado un informe al Defensor del Pueblo donde dice que el director del centro penitenciario les facilitó el apellido del detenido, el departamento en el que trabajaba y el cargo que ocupaba, quedando, por tanto, plenamente identificado. Curiosamente, el funcionario «en el que dijo que pensaba» el director del centro penitenciario, tampoco pudo introducir en el verano de 2018 ninguna mochila con móviles y droga, pues en esa época se encontraba de baja médica. Ni tampoco se intervino en el verano de 2018 dentro de la prisión una mochila con móviles y droga.

Ninguno de los testigos que declararon ante la juez, presos o ex presos, se ratificó en las supuestas acusaciones contra los funcionarios de prisiones. Por el contrario, acusaron a la Guardia Civil de poner «palabras en su boca que no habían dicho», «de engordar sus declaraciones», «de escribir lo que ellos querían» o «de aportar dinero a un número de cuenta para colaborar con la Guardia Civil». Ante la contundencia de las declaraciones la juez instructora llegó a preguntarse dónde estaba la cámara oculta.

Tras la declaración de los testigos, el director del centro penitenciario fue citado en el juzgado de manera urgente ese mismo día, manteniendo una entrevista con la juez a puerta cerrada. Finalmente, los trabajadores fueron puestos en libertad, declarados inocentes, padeciendo en la actualidad graves problemas de salud, familiares y sociales como consecuencia de la injusticia sufrida. Alguno incluso sigue de baja psicológica todavía.

Pero el secretario general de IIPP, que creyó al director del centro y lo ha mantenido en su puesto a pesar de ser un cargo de libre designación, abre ahora una investigación interna, al conocer el informe del teniente coronel de la Guardia Civil. Dicho informe fue remitido al secretario general de IIPP por las secciones sindicales de ACAIP-UGT, APFP Y CCOO en Prisiones, el pasado 11 de marzo, sin que hasta el momento se haya pronunciado.