La Generalitat también otorgó cientos de contratos a través de sus organismos a la trama de Termyca

La trama empresarial formada por las empresas Efial y CGI investigada en la ‘operación Termyca’ no sólo desvió dinero público al crear un red de empresas públicas paralela a las administraciones municipales. La Generalitat concedió, al margen de la adjudicación sus propias consejerías, cientos de contratos a las empresas ahora investigadas por Anticorrupción a través de más 20 organismos controlados por CiU.

Entre las entidades que se convirtieron en clientes de las dos consultoras investigadas se encuentran: Gestió de Infraestructures (GISA), Riegos de Cataluña (Regsa), Regadíos Sistemas Segarra-Garrigues (Regsega), Tabasa Infraestructuras, Serveis de Mobilitat (Tabasa), Tunel del Cadi, Aeroports de Catalunya, Promotora de Exportaciones Catalanes (Prodeca), Agencia del Patrocini i Mecenatge (APM), Empresa de Promocio i Localizació Industrial de Catalalunya (Avanca), Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Societat Catalana d’Inversió en empresas de base tecnológica (INVERTEC), Institut Catalá de l’Energia (ICAEN), Eficiencia Energética (Efiensa), Agencia de l’habitatge de Catalunya (ADIGSA), Centre de Alt Rendiment Esportiu (CAR), Remodelacións Urbanes SA (Reursa) y Agencia Catalana de la Joventut.

Pero a estos 18 organismos dependientes de la Generalitat debe sumarse el propio gobierno autonómico de modo directo y otras entidades controladas por los convergentes, como la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la Diputación de Barcelona, Instituto Catalá del Sol, Fórum Universal de las Cultures 2004…

Conexión con Andorra

La trama Termyca comenzó a implantarse en ayuntamientos catalanes mediante la contratación de las dos firmas auditoras. Consistorios tan importantes como el Barcelona o Gerona, pero a los que hay que añadir un largo etcétera: Cerdanyola del Vallés, Mataró, Tortosa, La Seu D’Urgell, Vilassar de Dalt, Mora d’Ebre, Falset, Bigues i Riells, Vilalonga del Ter, Montferrer, Arbucles y Ascó.

Mediante la gestión de la recaudación de impuestos, el cobro de impagos o la recaudación de las multas de tráfico, las empresas de la Termyca desviaban parte del dinero al no estar sometidas al escrutinio de los interventores municipales. Pero, además, el sistema contaba con un tercer actor que convertía el sistema en prácticamente perfecto. Las dos consultoras poseían el 33% de una auditora andorrana. Esto permitía una salida limpia y justificable de dinero hacia una estructura opaca al fisco español. De hecho, al margen de invertir en su capital, se pagaban importantes sumas de dinero a esta filial andorrana por el cobro de supuestos servicios a la matriz española.

Esta estrecha relación comercial con la clase política convergente explica que el ex jefe de campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Gerona, Josep Manel Bassols, ex calcalde de Angles, esté implicado en un doble delito: prevaricación y cohecho. Es decir, amañó un contrato y fue sobornado.