Investigación

Exteriores blinda la nueva Embajada en Caracas con muros resistentes al fuego y una sala de crisis

  • Manuel Cerdán y M.A. Ruiz Coll

Muros resistentes al fuego durante dos horas, circuito cerrado de televisión y sistemas anti-intrusión, garitas de vigilancia en todo el perímetro, un grupo electrógeno propio para sortear los cortes de luz y una sala de crisis. El Ministerio de Asuntos Exteriores está blindando con estos elementos la nueva sede de la Embajada de España en Caracas, adquirida en diciembre de 2018 por seis millones de euros, para protegerla de la intrusión de las fuerzas policiales de Nicolás Maduro y los grupos chavistas violentos.

El departamento que dirige la ministra Arancha González Laya ha invertido tres millones de euros para acondicionar la antigua sede del Banco Nacional de Crédito (BCN), presidido por el empresario catalán José María Nogueroles, en la zona de Altamira, que constituye el principal centro financiero de la capital de Venezuela.

El proyecto que se está ejecutando incluye la elevación del inmueble en una planta, en la que se ubicará el Consulado, y la transformación de un sótano y el semisótano en un gran espacio de atención al público y en una sala que albergará los tomos del Registro Civil del Consulado General, según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. Todo el inmueble quedará rodeado por un muro perimetral, con varias garitas de vigilancia, para evitar las intrusiones desde el exterior.

La constructora venezolana que ejecuta las obras, Inversiones YC CA, representada por el arquitecto Eric Yáñez, solicitó el pasado mes de junio un incremento del presupuesto, por importe de 396.564 euros, para atender nuevas necesidades que se habían detectado durante el desarrollo de los trabajos, según el informe elaborado por la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores. De este modo, el coste total de la obra ascenderá a 3,3 millones de dólares (algo más de 3 millones de euros).

Acumula once meses de retraso

El presupuesto adicional, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de diciembre, permitirá adquirir un grupo electrógeno (por 52.800 dólares) para evitar los constantes cortes de luz que sufre el país, que han provocado retrasos adicionales en la obra. También se garantizará el suministro de agua mediante la construcción de un pozo (para evitar los constantes problemas de la red de abastecimiento) y se instalará un sistema hidroneumático de bombeo para la evacuación de aguas negras.

Entre las medidas de seguridad previstas, se instalará un circuito cerrado de televisión y un sistema anti-instrucción, así como bloqueadores físicos en el acceso de vehículos, de acuerdo los requerimientos que ha planteado el área de Seguridad de la Oficialía Mayor de la Embajada.

También se colocarán muros resistentes al fuego durante dos horas para habilitar una escalera de evacuación desde el garaje, así como placas de cartón-yeso resistentes al fuego durante 60 minutos en el módulo destinado al Consulado. Además de renovar toda la red de voz y datos del inmueble, también se instalará un nuevo sistema de climatización para sustituir el existente, que tenía 10 años de antigüedad y utiliza gas refrigerante R-22, «prohibido por ser nocivo para el medio ambiente y que además no era energéticamente eficiente», señala el informe del proyecto.

Fragmento del informe del Ministerio de Asuntos Exteriores que justifica el incremento del presupuesto de la obra.

Según el expediente tramitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la obra de reforma del inmueble se inició el 23 de julio de 2019 y debería haber concluido el 23 de mayo de 2020. Pero la obra aún no ha concluido y acumula ya un retraso de casi once meses.

Los informes oficiales a los que ha tenido acceso este diario señalan que la obra permaneció paralizada durante cinco meses a lo largo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Primero los trabajos se paralizaron durante dos meses y medio, desde el 16 de marzo al 31 de mayo. En los meses de junio y julio de 2020 sólo se pudo trabajar en semanas alternas, de acuerdo con las cuarentenas intermitentes impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha puesto en marcha una singular forma de luchar contra la pandemia.

De nuevo, la obra quedó paralizada durante un mes y medio, en el verano de 2020: desde el 1 de agosto al 14 de septiembre. A todo ello se han sumado las dificultades para acceder al suministro de materiales y combustible: en el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, hoy resulta casi imposible acceder a la gasolina.

Las certificaciones de la obra enumeran todas las paralizaciones que ha sufrido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Pero estos hechos no explican que la obra acumule ya un retraso próximo a los once meses. Las fuentes consultadas por OKDIARIO explican que  comenzó a ejecutarse en una fecha muy posterior al 23 de julio de 2019, la declarada oficialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el expediente.

Como consecuencia de ello, Exteriores habría incumplido el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que le permitió adjudicar la obra a dedo y se vería obligado a rescindir el contrato para adjudicar los trabajos ahora mediante un concurso público.