Denuncian ante el Gobierno suizo los vínculos de Puigdemont con ex miembros de ETA y Terra Lliure

El presidente de la asociación Catalunya Peuple d’Espagne (Cataluña Pueblo de España), François Meylan, entregará esta semana al Gobierno suizo un dossier que denuncia los vínculos de Carles Puigdemont y Quim Torra con antiguos terroristas de Terra Lliure y ETA.

Entre los primeros cita al actual secretario general del sindicato Intersindical-CSC, Carles Sastre i Benlliure, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel como autor del asesinato del industrial José María Bultó, perpetrado en mayo de 1977 en Barcelona.

El sindicato dirigido por el criminal de Terra Lliure convocó la huelga general de noviembre de 2017, con la que intentaba paralizar la región tras el referéndum del 1-O, y ha sido el más votado en las últimas elecciones sindicales de la enseñanza pública en Cataluña.

Catalunya Peuple d’Espagne también cita en su dossier al fundador de Terra Lliure Frederic Bentanachs, quien fue entrenado a  principios de los años 80 por los etarras Domingo Yturbe Abasolo Txomin y Dolores González Yoyes, en un campamento del sur de Francia.

Durante los dos últimos años, Bentanachs ha estado presente en casi todas las movilizaciones convocadas por los independentistas y se ha fotografiado con sus principales líderes, desde el presidente Quim Torra al diputado de ERC Joan Tardà y ex diputado de Junts pel Sí Lluís Llach.

La asociación que preside François Meylan también alude a los vínculos del independentismo catalán con el entorno proetarra. Recuerda que el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.

La misma organización terrorista que asesinó a 21 personas y dejó decenas de heridos en el atentado de Hipercor, en Barcelona. El dossier que esta semana será entregado al Gobierno suizo también recuerda que uno de los principales aliados de Torra y Puigdemont es Arnaldo Otegi, que fue condenado primero por el secuestro del director de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, y luego por pertenecer a la dirección de ETA. Otegi se reunió el pasado 23 de abril en Ginebra con la ex diputada de ERC Marta Rovira, que sigue huida de la Justicia.

El escrito elaborado por la asociación Catalunya Peuple d’Espagne solicita al Ejecutivo helvético, por otro lado, que ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar si los doce diputados de aquel país que aceptaron cenas, viajes y regalos del Diplocat han podido incurrir en un delito de tráfico de influencias.

Estos doce diputados, integrados en el Grupo de Amistad Parlamentaria Helvético-Catalana, difundieron el 27 de septiembre de 2017 una «Carta abierta al Gobierno de España», en la que pedían al Ejecutivo de Rajoy que aceptara el resultado del referéndum ilegal de independencia que iba a celebrarse tres días después, el 1-O.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la Generalitat en Acción Exterior deja claro que la creación de este Grupo de Amistad Parlamentaria Helvético-Catalana fue impulsada por el propio Diplocat, el Consorcio de Diplomacia Exterior del Ejecutivo catalán.

Durante la aplicación del artículo 155 se halló en la «embajada» de la Generalitat en Ginebra un listado de los diputados suizos que podían estar más dispuestos a apoyar el proceso de independencia de Cataluña. El Diplocat agasajó a estos diputados con cenas y les pagó viajes a Barcelona para que se entrevistaran con el presidente Carles Puigdemont y su conseller de Exteriores, Raül Romeva.

No sólo esto, en la «embajada» de la Generalitat en Ginebra también se halló el borrador, con varias correcciones y rectificaciones en catalán, de una de las mociones que estos diputados suizos presentaron en el Parlamento helvético para apoyar la independencia de Cataluña. Es decir, el documento había sido redactado por la propia Generalitat, y los doce diputados accedieron a presentarlo ante su Parlamento como si fuera propio, tras aceptar el pago de viajes y cenas por parte del Diplocat.

La asociación Catalunya Peuple d’Espagne considera por tanto que han podido incurrir en un delito de tráfico de influencias, o el equivalente español al cohecho. El dossier que ha elaborado esta asociación recuerda que el independentismo catalán actúa como una «organización criminal», investigada por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, e incluye un gráfico sobre los vínculos de Puigdemont y Torra con ex terroristas de Terra Lliure y ETA.