El Consejo de Estado desestima las reclamaciones de los familiares de víctimas del Yak-42

El informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, redactado por el ex ministro socialista Fernando Ledesma, deniega el pago de nuevas indemnizaciones a los familiares de los 62 militares profesionales que perdieron la vida cuando regresaban de su misión internacional en Afganistán.

El dictamen reconoce la «responsabilidad patrimonial» del Estado para resarcir el daño causado a las víctimas y sus familiares, pero aclara que ello no implica que haya existido «una conducta dolosa o culposa» por parte del Ministerio de Defensa.

Y a continuación recuerda que las familias de los fallecidos ya han sido compensadas económicamente mediante el cobro de indemnizaciones. En virtud del seguro colectivo de vida suscrito por el Ministerio de Defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas, el Gobierno pagó 60.101 euros por cada fallecido al familiar que habían designado previamente los militares asegurados.

Además, el Consejo de Ministros acordó el 29 de agosto de 2003 el pago anticipado de 75.000 dólares por cada uno de los 62 militares fallecidos. La Administración no ha podido recuperar luego estas cantidades, porque el seguro específico contratado para los pasajeros del Yak-42 quedó invalidado en la cadena de subcontratas entre distintas compañías aéreas.

Todos los familiares han cobrado

Del mismo modo, el Consejo de Estado recuerda que, de acuerdo con la legislación de clases pasivas, el Estado ha reconocido las correspondientes pensiones extraordinarias de viudedad, orfandad y a favor de los padres de los militares fallecidos en el vuelo.

En cuarto lugar, el Gobierno aprobó el 4 de noviembre de 2004 un Decreto-Ley que preveía el pago de una indemnización de 140.000 euros en caso de fallecimiento de los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. Esta indemnización se pagó con carácter retroactivo a los familiares directos de las víctimas del Yak-42.

Por su parte, la Comunidad de Madrid concedió a título póstumo la Medalla al Mérito Ciudadano a 21 de los militares fallecidos en el siniestro, con una dotación económica de 30.000 euros para cada uno de ellos.

Del mismo modo, la Audiencia Provincial de Zaragoza declaró en noviembre de 2010 la responsabilidad solidaria de las compañías aéreas UM Air y Chapman Freeborn (las dos últimas de la cadena de cinco subcontratas que se produjeron) para indemnizar a los familiares de las víctimas: 60.000 euros para la viuda o pareja de hecho, 30.000 euros para cada hijo o (si no se diera ninguno de los dos casos anteriores) hasta 61.000 euros para el progenitor.

El error en la identificación de cadáveres

La Audiencia Nacional condenó además en mayo de 2009 por un delito de falsedad en documento oficial a los tres comisionados del Ministerio de Defensa que cometieron los errores en la identificación de los cadáveres de 30 de las víctimas. Y estableció una indemnización de 10.000 euros para los familiares de cada uno de los 30 afectados.

El Consejo de Estado señala que, de este modo, «todos los cónyuges, hijos o padres de los militares difuntos han tenido acceso a al menos uno –y en algunos casos a varios– de los resarcimientos señalados».

El dictamen recuerda que, según el artículo 121 del Código Penal, «en ningún caso puede darse duplicidad indemnizatoria» a los afectados cuando la han reclamado por distintas vías (penal, civil y administrativa). Por todo ello, el Consejo de Estado desestima las reclamaciones de nuevas compensaciones económicas que decenas de familiares de los fallecidos habían presentado desde 2004 ante el Ministerio de Defensa.