El ‘caso Apóstol’: un capitán de la Guardia Civil se ofreció a los Mossos para ser su topo y desertar

Miembros de la Comisaría General de Información (CGINF) de los Mossos d’Esquadra intentaron captar a un mando de la Guardia Civil destinado en Tarragona para obtener información sensible del Instituto armado.

Al menos así se desprende de la documentación que los Mossos intentaron destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de San Adrián de Besós, y que la Policía Nacional se incautó tras obtener una orden judicial.

La Policía Nacional ha descubierto entre estos papeles un «informe secreto» en el que se alude a «un capitán de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Tarragona, quien se ofrece a pasarse a los Mossos d’Esquadra si se consiguiera la independencia».

De este modo, la Policía autonómica dirigida por Josep Lluís Trapero habría intentado captar a este mando de la Guardia Civil, para obtener información confidencial del Instituto armado. Parece evidente que la denominación del «caso Apóstol» alude a uno en concreto: Judas, el traidor.

Usaron a los escoltas para espiar

Del mismo «informe secreto» rescatado por la Policía Nacional en la incineradora de San Andrián de Besós se desprende que los Mossos d’Esquadra han practicado de forma sistemática el espionaje contra políticos y personalidades públicas catalanas que se oponían a la causa independentista. Según dicho informe, este espionaje se realizaba con frecuencia utilizando como topos a los miembros de la Policía autonómica que estaban asignados como escoltas de distintos líderes políticos.

Como ha informado OKDIARIO, otro documento que los Mossos intentaron destruir en la incinerado señala que el ex conseller de Interior Felip Puig ordenó espiar el domicilio particular de la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, utilizando «una furgoneta de Flaix TV del Grupo Godó» que permaneció aparcada ante su casa durante meses.

Pero no fue el único método empleado para espiar a Sánchez Camacho. El informe añade a continuación que «la seguridad de dicha dirigente política está asignada a un equipo de cuatro mossos, escogidos de marcada tendencia nacionalista, que tienen la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de la protegida al propio Puig».

Es decir, los cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra que habían sido asignados para proteger a la política popular, en realidad eran topos que informaban al conseller Felip Puig de todos sus movimientos. De hecho, después de que estallara el escándalo de la grabación de La Camarga, Sánchez Camacho comenzó a desconfiar de los cuatro mossos que la escoltaran y pidió que fueran sustituidos por agentes de la Policía Nacional.

Al servicio del separatismo

Al respecto, la Policía Nacional constata que estas actividades de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra «no sólo no se corresponde con los cometidos que tiene legalmente establecidos, sino que entraría en contradicción con dichos preceptos y con el cumplimiento de la Ley».

Los documentos intervenidos cuando iban a ser incinerados ponen en evidencia, continúa la Policía Nacional, que se ha producido un «seguimiento y control a personas o políticos del ámbito no independentista, vulnerando el principio básico de actuación de neutralidad política a imparcialidad» al que están sujetos por Ley los Mossos.

Por último, la Policía constata que bajo la dirección del mayor Josep Lluís Trapero los Mossos han llevado a cabo tareas de «apoyo al desarrollo y ejecución de la llamada hoja de ruta del independentismo, tratando para ello de controlar las acciones de aquellas entidades o personas que mostraban oposición al mismo, con el fin último de subvertir el orden constitucional y la forma de gobierno en una parte del Estado».

Resulta especialmente significativo que los Mossos d’Esquadra intentaran destruir todos estos documentos –que llenaban tres furgones– para ocultar pruebas precisamente el pasado 26 de octubre, pocas horas antes de que Puigdemont proclamara la independencia y el Gobierno de Rajoy tomara el control de la Generalitat aplicando el artículo 155 de la Constitución.