Cándido Conde-Pumpido: «El caso del Yak-42 está zanjado penalmente y no es factible reabrirlo»
Cándido Conde-Pumpido, actual magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, se ha referido al caso del Yak-42 tras la polémica suscitada en los últimos días tras conocerse el informe del Consejo de Estado.
Durante un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Conde-Pumpido ha afirmado que no es «factible reabrir el caso» y que durante su mandato como Fiscal General del Estado «no se apreció responsabilidad penal» del Ministerio de Defensa, ni del entonces ministro, Federico Trillo. En el accidente de la aeronave, perdieron la vida 62 militares españoles.
Según el actual magistrado del Supremo, desde el punto de vista civil las víctimas ya han sido indemnizadas y el Estado «no tiene responsabilidad patrimonial en el caso».
Conde-Pumpido ha asegurado que «las cosas no se hicieron bien» que existe una «responsabilidad moral», pero que desde el punto de vista penal la «responsabilidad está zanjada». También ha mostrado su «respeto» por Federico Trillo.
Sobre el caso Noos cuya sentencia se espera para marzo, Conde-Pumpido ha mostrado su «plena confianza» por la labor del fiscal del caso, Pedro Horrach, al que él mismo nombró en el cargo. Además, ha señalado que el tribunal que juzga a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín tomará «la decisión oportuna» y la «respetará.»
«Cuando me fui de la Fiscalía General del Estado estaba siendo investigado sólo el Duque de Palma y no había base legal para ir contra la Infanta. Ese criterio se ha mantenido después y confió en dicho criterio porque es serio», ha reiterado.
La Justicia y el caso Barberá
Durante el acto, al que ha asistido la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, Conde Pumpido ha asegurado que España sufre tres grandes problemas en la Justicia: «La judicialización de la política, la privatización de la Justicia penal y mantenimiento del modelo inquisitivo en los procesos». «La Justicia es lenta, ineficaz e insegura»,
Sobre los aforamientos, ha destacado que algunos «están en la Constitución», y no se debe estar cambiando continuamente la Carta Margna, aunque el problema es «la extensión» de los mismos.
Por último, también se ha referido a su propia actuación como instructor del denominado caso Imelsa, donde se investigó el «pitufeo» del PP de Valencia y que le llevó a tomar declaración a la fallecida Rita Barberá.
Conde-Pumpido ha lamentado de «manera extrema» el fallecimiento de la ex alcaldesa de Valencia a los pocos días de prestar declaración en el Supremo y ha descartado que su muerte estuviera «vinculado al proceso ni al tratamiento de los medios de comunicación». «Las dificultades personales le afectaron, pero se marchó muy satisfecha tras declarar».
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