Bravo pide tasar Inassa para demostrar que su compra por 73 millones en Panamá no fue fraudulenta

El exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y actual presidente de ADIF, Juan Bravo, ha solicitado al juez que investiga el caso Lezo que pida al Canal de Isabel II una valoración sobre el precio actual de las participaciones de  Inassa. Bravo está investigado en la causa por la compra de la filial colombiana a través del paraíso fiscal de Panamá en 2001 por 73 millones de dólares.

En un escrito presentado ante el instructor de Lezo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Bravo relata como el auto de imputación del pasado 26 de diciembre de 2017 «no concreta tipicidad asociada a los hechos de dieciséis años de antigüedad que delimita, pero si relaciona en varias ocasiones como elemento esencial de los mismos y fundamento para su investigación el potencial perjuicio derivado de la determinación del precio y condiciones contractuales (especialmente las económicas) de la operación».

Según el letrado de Juan Bravo, «con el fin de avanzar sobre el resultado final y poder delimitar la valoración del resultado de la aplicación de los fondos de acuerdo con la realidad fáctica devenida, se solicita como diligencia de instrucción a practicar el requerimiento al Canal de Isabel II para que remita las valoraciones y el resultado de las mismas que el Canal de Isabel II o Canal Extensia S.A. estuvieran desarrollando en la actualidad para determinar el potencial precio de venta de las participaciones de Inassa».

Dicha diligencia pretende demostrar que aunque el juez fundamentó la imputación de Bravo por el «potencial perjuicio» económico derivado de la operación de compra por 73 millones dólares, Inassa a día de hoy tiene un valor superior al de adquisición.

El escrito recuerda «la inexistencia de referencia alguna en los anteriores informes de la mercantil Garrigues que desaconsejaran la operación, la inexistencia de contingencia alguna ocurrida en los últimos dieciséis años en relación a ninguno de los extremos incluidos en los mutantes informes de Cuatrecasas ni en las anotaciones manuscritas exógenas y la inexistencia de necesidad de aplicación en todo este tiempo del seguro de cobertura constituido para la operación».

En su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional del pasado 15 de enero, Juan Bravo defendió que la adquisición de la filial colombiana del Canal de Isabel II se hizo de «forma regular» y que en las actas constaba que el precio de compra era de 73 millones de dólares.

Los informes sobre Inassa incorporados

El escrito presentado por el exconsejero de Hacienda durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón repasa los informes sobre la adquisición de Inassa incorporados al sumario en los que no se habrían acreditado las presuntas irregularidades investigadas en el caso Lezo.

Entre ellos, la valoración de la operación efectuada por técnicos del Canal, ratificada en cuanto a fuentes de información –directa, desplazamiento a Colombia-, su contenido, su metodología y sus cifras finales (rango de 85.100.000 USD – 99.800.000 USD); la valoración efectuada por Consultores de Administraciones Públicas Grupo Analistas, estando pendiente de practicarse la ratificación de quienes efectuaron la valoración; o el informe de Garrigues de “Planificación fiscal internacional de la inversión en la sociedad colombiana interamericana de Aguas y Servicios, S.A.”.

También se encuentra en el sumario la escritura de disolución de la Sociedad Aguas de América con entrega de sus activos a Canal Extensia; el informe de Garrigues “relativo a la aplicación de la Ley de Administración institucional de la Comunidad de Madrid a Inassa”; el acta del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2001 compuesta de 96 puntos del orden del día a tratar con una cuantía acumulada a aprobar de 1.561.341.360 €, figurando el acuerdo relacionado con Canal Extensia en el punto 93 del orden del día, así como su documentación.

Por último, también está incorporada en el causa la declaración judicial en calidad de testigo de Luis Molinero o el informe de la mercantil Garrigues de “Aplicabilidad de la deducción por actividades exportadoras y otras medidas para el fomento de la internacionalización de la empresa española”.