Un alto cargo de Puigdemont dio 38 contratos ilegales al jefe de Infraestructuras de Artur Mas

La corrupción sigue instalada en el Govern de Carles Puigdemont, quien pretende llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto independentista con el referéndum ilegal anunciado para el próximo 1 de octubre (1-O).

El actual número 2 de la Oficina del Cambio Climático de la Generalitat, Gabriel Borràs Calvo, dio 38 contratos ilegales al que fuera máximo responsable de las inversiones públicas del Ejecutivo de Artur Mas, Joan Lluís Quer, según una denuncia presentada en los Juzgados por la Fiscalía Anticorrupción. Pese a ello, Borràs sigue ocupando hoy un cargo público en el actual Ejecutivo autonómico.

La «Ley de desconexión» que Puigdemont ha comenzado a tramitar en el Parlament implicará, entre otras cuestiones, la anulación de los procesos de la Justicia española en los que estén incursos actualmente ciudadanos catalanes. Algo que eximiría de cualquier responsabilidad penal al número 2 de su Oficina del Cambio Climático y, por supuesto, a toda la familia Pujol, que según la Fiscalía Anticorrupción lleva tres décadas cobrando comisiones ilegales.

Como ha informado OKDIARIO, Joan Lluís Quer fue gerente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat hasta 2004. Entonces abandonó la Administración autonómica para montar una consultora, Auditoría e Ingeniería SA (Auding), que en 2008 se benefició de un contrato amañado de 7,6 millones de euros, adjudicado por la misma empresa pública de la Generalitat que él mismo había dirigido.

El gigante de inversión pública de Mas

Tras convertirse en presidente de la Generalitat en diciembre de 2010, Artur Mas colocó a Quer como presidente de GISA, el gigante de la inversión pública de la Generalitat en el que manejaba un presupuesto anual de 1.200 millones de euros. Finalmente, Quer se vio obligado a dimitir de este cargo en noviembre de 2015, después de que la Guardia Civil registrara la sede de GISA (rebautizada como Infraestructures.cat) en la investigación sobre las comisiones ilegales del 3% que Convergència cobraba a cambio de adjudicar obras públicas.

Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia del Agua de la Generalitat simuló en 2008 un concurso público para adjudicárselo a una UTE dirigida por dos ex altos cargos de esta empresa pública: Joan Lluís Quer y Josep Bou Térmes.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) sacó a concurso en septiembre de 2007 un contrato para la “Redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña”, con un presupuesto máximo de 4 millones de euros.

El director general de ACA, Manuel Hernández Carreras, resolvió el 18 de enero de 2008 adjudicar el concurso por 3,7 millones de euros a una UTE formada por Auding (la consultora de Joan Lluís Quer), United Research Services España SA y Artenginy SL. La administradora solidaria de esta última empresa, Ana Barceló Caballero, está casada con Josep Bou Térmes, quien entre 2000 y 2006 había sido jefe de Planificación de Usos del Agua en la empresa pública de la Generalitat.

Borrás daba el visto bueno a los contratos

La Fiscalía Anticorrupción considera probado que la decisión de adjudicar el concurso a esta UTE ya estaba tomada, pues en los meses precedentes hasta seis altos funcionarios de la Agencia del Agua se reunieron con los responsables de Auding y Artenginy SL para diseñar el pliego de condiciones. Los mismos técnicos constituyeron luego la comisión técnica encargada de valorar las seis ofertas presentadas al concurso.

Entre estos seis técnicos se encontraba Gabriel Borràs Calvo, que en aquel momento era director de Planificación de Uso Sostenible del Agua en ACA y hoy es el número 2 de la Oficina Catalana del Cambio Climático, dependiente de la Generalitat que preside Carles Puigdemont.

Pero Joan Lluís Quer siguió haciendo caja con la empresa pública de la Generalitat de la que había sido gerente. Tras obtener este contrato de 3,7 millones de euros, la Agencia Catalana del Agua le adjudicó a dedo otros 38 «contratos complementarios», completamente ilegales, que suman 3,9 millones de euros más. De este modo, la UTE se embolsó 7,6 millones de euros ilegalmente, siempre según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

El actual número 2 de la Oficina del Cambio Climático de Puigdemont, Gabriel Borràs, fue el técnico de ACA encargado de dar el visto bueno a estos 38 contratos ilegales (algunos de ellos por una cuantía de hasta 420.000 euros), adjudicados siempre sin concurso.

El Tripartito de José Montilla

La Fiscalía Anticorrupción destaca en su denuncia que, en unos casos, estos contratos se otorgaron con precios hinchados artificialmente, otros tuvieron un resultado «insustancial o inútil» y otros correspondían a trabajos que ya se habían incluido en el contrato inicial de 3,7 millones de euros.

En su denuncia, Anticorrupción acusa a Gabriel Borràs y los otros 12 investigados de los presuntos delitos de revelación de secretos, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Como ha informado OKDIARIO, los hechos ocurrieron durante la etapa del socialista José Montilla como presidente de la Generalitat, cuando la Conselleria de Medi Ambient estaba controlada por Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), la filial catalana de Izquierda Unida. Algo que demuestra que la maquinaria de mordidas y contratos amañados de Convergencia (hoy PDeCAT) siguió funcionando durante el Tripartito formado por PSC, ERC e ICV, partidos que no fueron ajenos a estos manejos ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción denunció estos hechos en el Juzgado en junio de 2015. Algo que no ha impedido a Gabriel Borràs seguir medrando en la Administración autonómica del independentista Carles Puigdemont.