El alcalde más chulo de España es imputado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias

El regidor de Cartagena, José López, conocido como ‘el alcalde más chulo de España’ ha sido imputado por cuatro presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones o actividades prohibidas.

El juzgado Nº 5 de Cartagena ha abierto diligencias previas contra José López por la adquisición de la «pensión Peninsular» y tendrá que acudir a declarar el próximo 3 de julio en calidad de investigado.

El portavoz popular, Francisco Espejo, ha informado que el pasado 3 de mayo de 2016 se presentó una denuncia en el Juzgado para investigar «el posible trato de favor de López a un amigo y compañero de partido por la compra exprés de la Peninsular, la operación más rápida de la historia del Ayuntamiento».

Según consta en el auto judicial, “tras el examen de la denuncia y la documentación aportada, resultan indicios suficientes de criminalidad contra José López, concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena y Presidente de la Junta de Gobierno Local”.

Espejo ha recordado que José López es el concejal que «tiene competencia en materia de Urbanismo y fue el que dio las instrucciones precisas para que se iniciara el expediente administrativo». Además, indiciariamente «acordó la retención de crédito de la partida de más de medio millón de euros, que se efectuó el 23 de diciembre de 2016 por la jefa del Servicio Jurídico de Intervención Urbanística».

El portavoz del PP también destcaba que López firmó el informe de la propuesta, el 28 de diciembre de 2016, para su aprobación en la Junta de Gobierno local, que se celebró al día siguiente, el 29 de diciembre, actuando como alcalde y presidente de la misma.

En este sentido, Espejo insistía en que “todos estos antecedentes suponen para el Juzgado indicios racionales de 4 presuntos delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones o actividades prohibidas”

El próximo 3 de julio, el regidor de Cartagena por lo tanto tendrá que aclarar todas las dudas surgidas por la compra de la pensión, la mayor inversión del Ayuntamiento en esta legislatura y de la que aún no ha dado respuesta. Ese mismo día tendrán que acudir a declarar en calidad de testigo varios funcionarios municipales que han participado en el expediente y una de las dueñas de la pensión.

Por último, el portavoz del PP en Cartagena Francisco se preguntaba si «Partido Socialista y Podemos serán capaces de mantener en el Gobierno municipal a un concejal imputado por cuatro delitos de corrupción».