¿Prepara Erdogan su propia fuerza paramilitar?

El partido del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pretende ampliar las competencias de una fuerza de seguridad abolida en 2007 y conocida como ‘los guardianes del barrio’ o ‘bekçi’, permitiéndoles llevar armas o realizar detenciones y registros a los ciudadanos.

Nueve años después de eliminar esta fuerza de seguridad, el mandatario turco restableció la institución y aumentó su número en repetidas ocasiones, superando con creces a los 8.000 que había cuando fue abolida. Además, en estos momentos pretende ampliar sus competencias, en un movimiento que la oposición considera como un “intento de formar una nueva fuerza paramilitar”.

En 2016, Erdogan habló de su deseo de “volver a escuchar los silbatos de los vigilantes del barrio”. Varios meses después, el Ministerio de Interior puso un plan en marcha para recuperar la antigua institución, reclutando a unos 9.000 vigilantes en 2017 y a 10.000 más a lo largo de 2018 y 2019.  Esta fuerza se ha dedicado desde su reaparición a apoyar a la Policía. Sin embargo, el borrador de este proyecto de ley –que tendrá que ser aprobado previsiblemente a lo largo de esta semana– les permitiría llevar armas y exigir documentación a los ciudadanos.

La oposición considera que esta ley convertiría a los guardianes en una nueva Policía, al tener los mismos poderes que esta institución. Es más, consideran que esta iniciativa ha surgido del deseo del Gobierno de crear una nueva fuerza de seguridad fiable desde el principio, según ha informado el diario turco ‘Ahval News’. La Comisión de Asuntos Internos del Parlamento de Turquía comenzó a revisar el pasado miércoles el proyecto de ley del AKP sobre estos vigilantes y hasta ahora ha aprobado nueve de los 18 artículos que tiene este documento.

«Ya no podemos proteger nuestras ciudades con muros, ni salvaguardar su orden solo con las fuerzas de seguridad tradicionales», aseguró Erdogan en un simposio que tuvo lugar el pasado dos de enero. «Necesitamos nuevos métodos para hacer frente a esta nueva situación», admitió. El nuevo borrador de la enmienda llegó después de este discurso y coincidiendo con que todavía hay -según el Gobierno- más de 34.000 sospechosos de pertenecer al movimiento religioso Gulen, al que Ankara acusó de haber orquestado el golpe de Estado de 2016.

En mayo de 2016, el mandatario turco designó oficialmente al movimiento del clérigo Fethullah Gulen como grupo terrorista y anunció que iba a perseguir a sus miembros, a los que ha denunciado en repetidas ocasiones por “conspirar” para derrocarle. Su obsesión con este movimiento y la falta de orden público son algunas de las razones que han llevado al AKP a presentar un proyecto de ley que conceda a estos vigilantes nuevos poderes, según ha explicado la columnista Elif Cakir en el diario Karar, en donde ha lamentado que “incluso con el aumento del número de policías, las calles y los barrios siguen siendo inseguros”.

El principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) han condenado este proyecto de ley, alegando que este documento contradice a un fallo judicial publicado este mes y en el que se prohibía a los vigilantes pedir la identificación a los ciudadanos. «Están creando una nueva fuerza de seguridad armada como alternativa a la Policía «, indicó Yasar Tuzun, miembro del CHP. «Por un lado, parecen ayudantes específicos (de las fuerzas de seguridad tradicionales), pero en realidad cuando se mira el contenido del proyecto de ley queda claro que se está creando desde cero una nueva fuerza armada», señaló Tuzun y recogió Ahval News.

En este sentido y de acuerdo con la información publicada en este diario, los partidos de la oposición también se han opuesto a la ampliación de las competencias que esta ley concedería a los vigilantes como, por ejemplo, la facultad de registrar a los ciudadanos, al considerar que este hecho “podría allanar el camino para el acoso sexual”. «¿Quién va a supervisarlos?» preguntó el parlamentario del HDP Filiz Kerestecioglu. «Esta ambigua y turbia propuesta de aumentar las autoridades de vigilancia está destinada a hacer que las prácticas antidemocráticas se arraiguen aún más en Turquía y a aumentar el número de violaciones de los Derechos Humanos», concluyó.

En el mes de julio de 2016 Erdogan se asomó a un abismo del cual todavía no se ha recuperado. Este golpe de Estado ejecutado por facciones de las Fuerzas Armadas hizo perder el equilibrio al orden constitucional establecido en la región.  Además, durante estos últimos años este país ha tenido que enfrentarse a nuevos problemas como Siria o Libia, sumado al incremento de la inseguridad en algunas regiones del país. En el caso de que este proyecto de ley sea aprobado a lo largo de la semana o en un futuro, el presidente de Turquía tendrá que explicar si va a exigir los mismos requisitos a estos guardianes del barrio que los que se exige a la Policía y analizar las posibles implicaciones que puede tener tomar una decisión que es fruto del miedo, la nostalgia y las ansias de poder.