VOX recurre ante el Supremo la libertad bajo fianza de los seis exconsellers y de Forcadell

VOX ha recurrido esta mañana ante el Tribunal Supremo la libertad bajo fianza de los 6 exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull y de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

El partido de Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular en la causa contra el golpismo catalán, argumenta en su recurso contra la libertad de los exconsellers la existencia del riesgo de fuga. Para ello, hace referencia a un auto de la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en el que señalaba que “los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia”.

Según VOX, “los investigados cuentan con la base en Bélgica, nutrida de cuantiosos recursos, financiación y apoyos logísticos, que les podrían proporcionar los huidos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, investigados también en esta causa y con los que, como se ha acreditado indiciariamente, existe un designio y plan delictivo común, minuciosamente diseñado y ejecutado”.

También se destaca “la celeridad y facilidad con la que los investigados han aportado sus fianzas, que suman varios centenares de miles de euros, es también demostrativa de la existencia de cuantiosos recursos a disposición del grupo, que bien pueden servir para facilitar una fuga internacional como la protagonizada por sus compañeros huidos”.

El recurso alude además al riesgo de reiteración delictiva. “Los propios actos de los investigados una vez puestos en libertad al participar en diversos mítines electorales y expresar su voluntad de seguir adelante con la secesión de Cataluña de uno u otro modo, son demostrativos de que no ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva si llegado el caso fueran elegidos para puestos políticos o ejecutivos en las próximas elecciones autonómicas catalanas».

Por último, VOX hace referencia al riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas: “No resulta especulativo, sino muy lógico suponer que los investigados ahora liberados puedan apoyarse en la base logística y operativa belga ya mencionada para, junto con los allí fugados, destruir u obstaculizar la obtención de la documentación relativa al llamado ‘procés’ constituyente de la llamada república catalana, que con toda probabilidad han trasladado a dicho país».

«No podemos olvidar», añade, «que aún no estando ya al frente de sus respectivos cargos y Consejerías, gran parte de la documentación probatoria ha sido incautada por la Policía Judicial en domicilios y despachos particulares, a los que volverán a tener acceso nuevamente al encontrarse en libertad, o a documentación o archivos que se encuentren depositados en organismos, asociaciones o incluso cajas de seguridad a las que solo tendrán acceso para su ocultación, destrucción o manipulación una vez están en libertad”.

Por todo ello, VOX solicita al magistrado Pablo Llarena que acuerde nuevamente la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull.

Recurso contra Forcadell

VOX, al mismo tiempo, ha presentado esta mañana un recurso solicitando la revocación de la libertad de Carme Forcadell por fraude procesal e intencionalidad de reiteración delictiva, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 503 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los abogados de VOX explican que la libertad provisional a Forcadell se debió a que manifestó al instructor de la causa que renunciaba a los objetivos golpistas, que acataba el artículo 155 de la Constitución, que la declaración de independencia era meramente «simbólica» y que no tenía intención ninguna de continuar con la actividad delictiva de rebelión y sedición contra el Estado.

Sin embargo, ahora Forcadell forma parte de la candidatura de un partido con claros fines separatistas (ERC, partido que en su artículo segundo de sus Estatutos manifiesta como objetivo principal lograr la «independencia de la nación catalana») y que por lo tanto «es evidente que la investigada ha mentido en su declaración y no tiene la más mínima voluntad ni intención de renunciar a la reiteración delictiva de la rebelión sediciosa de la que es autora junto a otros investigados».