El vicepresidente Iglesias dice que «es una mala noticia» que los jueces revoquen el tercer grado a los golpistas
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha puesto, una vez más, a favor de los golpistas del 1-O y en contra de la Justicia. Iglesias dice que no valora la «calidad jurídica de una decisión judicial» para, a continuación, asegurar que «la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia».
Este martes el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha revocado, a instancias de la Fiscalía de Dolores Delgado, el tercer grado que Torra concedió a los golpistas condenados por el 1-O. El líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, entre otros, vuelven a prisión sin medida de gracia.
Iglesias siempre ha sido un firme defensor de las causas que van contra el Estado de derecho. Y la causa independentista es una de ellas. El líder de Podemos ha defendido «el compromiso con la democracia y el diálogo» de los cinco presos a los que se les ha suspendido el régimen de semilibertad. «He visitado a los cinco en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto», ha señalado.
2. No me corresponde valorar la calidad jurídica de una decisión judicial pero, políticamente, la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia para los que defendemos el diálogo para afrontar el conflicto en el marco legal vigente.
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 28, 2020
El vicepresidente del Gobierno vuelve a ligar una decisión de los tribunales de justicia con un deseo político. Asume que la Justicia debe tragar con determinadas decisiones para no entorpecer con la hoja de ruta política de su Gobierno, como la mesa de diálogo con los independentistas. De esta mesa depende, precisamente, el sustento del Ejecutivo socialcomunista.
En este sentido, Iglesias ha explicado que sospecha que «muchos ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la Justicia no siempre es igual para todos». «Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia», ha lamentado.
Nuevo ‘incendio’ en Moncloa
La decisión de Iglesias de lanzarse a criticar de forma unilateral una decisión de la Justicia, que tiene el beneplácito además de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, va a generar un nuevo ‘incendio’ en Moncloa que ahondará las diferencias entre el ala podemita del Ejecutivo y los ministros socialistas, con la vicepresidenta Calvo a la cabeza.
Fuentes gubernamentales socialistas aseguran que Iglesias ha «devuelto el golpe» a Pedro Sánchez, después de que éste dijera este lunes en una entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras que el Gobierno no iba a «socavar las instituciones», en referencia a la Monarquía y a la campaña iniciada por Podemos para derribar a la institución tras destapar OKDIARIO el escándalo de las comisiones recibidas por Juan Carlos I y por haberlas escondido al fisco español, presuntamente, en cuentas en paraísos fiscales.
Sánchez fue taxativo en esta cuestión y aseguró que, aunque el Gobierno está formado por dos partidos que tienen ideas políticas diferentes, él hablaba con secretario general del PSOE, pero también como jefe del Ejecutivo. Y su posición es clara.
Adiós a la semilibertad
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha aceptado este martes suspender el tercer grado de cinco de los presos del 1-O a raíz del recurso que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado este martes.
En cinco providencias consultadas por Europa Press, la titular del Juzgado acuerda, como ha pedido el fiscal, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente.
Esta decisión afecta al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; al líder de ERC, Oriol Junqueras; al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 deberá posicionarse sobre el recurso que afecta a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
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