Las vacaciones de Sánchez pusieron en peligro las ayudas de la UE a Ceuta por su retraso en reconocer la emergencia

La inacción del Gobierno de Pedro Sánchez durante los peores días de la invasión de Ceuta puso en riesgo la concesión de las ayudas de la Unión Europea. El Gobierno no activó los mecanismos que le ofreció la Comisión durante las horas posteriores a la avalancha de inmigrantes procedente de Marruecos, sino que lo hizo 20 días después, el 24 de agosto. Desde Bruselas temían que algún Estado miembro pudiera denunciar que la ayuda llegó demasiado tarde, cuando no había emergencia y, por tanto, cuando ya no estuviera justificada su concesión. Fuentes comunitarias temían que un país crítico con Sánchez argumentase que, si no se consideró urgente pedir ayuda con la ciudad desbordada por 80.000 inmigrantes, mucho menos cuando quedaban 5.000 ilegales (cifra del Gobierno). Por eso, se instó al Ejecutivo socialista a declarar la situación de interés para la seguridad nacional cuando Sánchez terminó sus vacaciones.

La Comisión había puesto sobre la mesa a España una «oferta» para «ayudar más» a España ante la invasión de Ceuta, tal y como reconoció el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert. Sin embargo, el Ejecutivo solicitó formalmente los fondos el 24 de agosto, cuando el presidente volvió de sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote).

La normativa que regula el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) asegura que se proporcionará ayuda financiera para hacer frente a «necesidades urgentes y específicas en caso de situaciones de emergencia debidamente justificadas derivadas». Entre otras cosas, por «una situación migratoria excepcional caracterizada por una afluencia grande o desproporcionada de nacionales de terceros países en uno o más Estados miembros». Para que pueda optarse a esta ayuda, se requieren «exigencias significativas y urgentes para los centros de acogida e internamiento y para los sistemas y procedimientos de gestión del asilo y migración».

Vacaciones y petición tardía

Sin embargo, según el Gobierno, «el 90% de los inmigrantes» había abandonado la ciudad autónoma e incluso el ministro de Transporte, Óscar Puente, celebró el final de la emergencia. «Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez», señaló el ex alcalde socialista en la red social X. Tanto es así que Sánchez no abandonó sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta, donde permaneció 22 días junto a su familia y distintos invitados, en medio de la invasión migratoria de Ceuta. Por todo ello, Bruselas temía que Italia o algún Estado miembro pudiera denunciar que esta ayuda no respondía a ninguna emergencia.

Y es que, tal y como reconocen fuentes de la Comisión, los países que componen la Unión Europea pueden recurrir las concesiones de estas ayudas cuando consideran que se han hecho contra el Derecho comunitario.

Según fuentes comunitarias, la Comisión instó al Gobierno de Sánchez a reconocer oficialmente una situación de emergencia para evitar que algún país crítico con la política migratoria del Gobierno de España pudiera oponerse a la concesión de esta ayuda.

El 24 de agosto se anunciaron ambas cosas. Por un lado, el Ejecutivo envió la solicitud formal de las ayudas de emergencia para la crisis de Ceuta y, por otro lado, el Gobierno anunció la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para declarar la situación de interés para la seguridad nacional. Esto último se terminó formalizando a través de un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del día posterior. La formalización de esta situación evidenciaría, en un hipotético pleito europeo, la situación de emergencia a la que estarían obligados para percibir ayuda.

El Estado miembro que, según apuntan fuentes comunitarias, podía ser un escollo a esta concesión de ayudas europeas, es Italia. El Ejecutivo socialista vive un choque contra Roma desde que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, suspendió parcialmente el espacio Schengen con España. Esta es la zona que permite la libertad de circulación de personas y mercancías procedentes de Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, la medida sólo afecta a nacionales de terceros países, a los que se ha comenzado a someter a controles en las fronteras.

Las tensiones siguen activas: este mismo lunes, el Ejecutivo socialista prorrogó durante 15 días más los controles fronterizos a pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia, tras la decisión del Gobierno de Meloni de prolongar la suspensión del acuerdo de Schengen con España por la situación de Ceuta tras la invasión migratoria.