El tribunal que juzgará a los golpistas en el Supremo estará compuesto por 7 magistrados y no los 5 habituales

El tribunal encargado de enjuiciar a los golpistas de Cataluña estará compuesto previsiblemente por un total de siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y no los cinco que son habituales.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el ponente de la sentencia será el presidente de la propia Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, y el resto del tribunal que juzgará al Govern cesado de Carles Puigdemont y al resto de golpistas estará formado por los magistrados Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta.

Precisamente, estos tres últimos magistrados, Varela, Berdugo y Martínez Arrieta, firmaron junto a Marchena el pasado 31 de octubre el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado por delitos de rebelión, sedición y malversación contra la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros cesados de la Mesa Lluís Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Dicho auto también fue firmado por el magistrado Julián Sánchez Melgar que en fechas posteriores era designado fiscal general del Estado para sustituir al fallecido José Manuel Maza. Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, APM; Luciano Varela a la Asociación Jueces para la Democracia y por último, Andrés Martínez Arrieta a la Asociación Francisco de Vitoria.

El nombre de los otros dos magistrados de la Sala Segunda que enjuiciarán a los golpistas serán elegidos por reparto «en función de la fecha en la que se celebre el juicio». Las mismas fuentes apuntan que «no podrán componer el tribunal magistrados que formen parte de la Sala de Recursos del propio Supremo».

El resto de componentes de la Sala Segunda del Alto Tribunal son el propio instructor de la causa, Pablo Llarena y los magistrados José Ramón Soriano, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Alberto G. Jorge Barreiro,  Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer. Entre estos nombres, se elegirán a los dos miembros restantes del tribunal.

El juicio a finales de 2018

El Tribunal Supremo quiere sentar al Gobierno golpista de Carles Puigdemont en el banquillo de los acusados antes de finalizar el año 2018 por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación tras la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, en el Parlamento catalán.

Según las fuentes consultadas por este diario, el juez instructor, Pablo Llarena, se ha puesto como objetivo intentar «finalizar el procesamiento de los miembros cesados del Govern antes del verano, probablemente para los meses de abril y mayo».

Antes de delimitar los hechos investigados en la causa, el magistrado deberá tomar declaración a nuevos imputados, cuyo testimonio podría conllevar el procesamiento de más implicados en el proceso independentista. Si bien es imposible prever una fecha exacta para finalizar la instrucción del caso, en el Alto Tribunal se trabaja con «unas metas y unos cálculos temporales aproximados».

El «escenario ideal es que la instrucción se cierre cuanto antes», señalan estas fuentes que indican que el Supremo «es un tribunal de casación y no es un Juzgado de instrucción como la Audiencia Nacional». Además, se quiere evitar que este procedimiento «se eternice», pero eso sí, «sin precipitaciones porque las investigaciones que se cierran en falso perjudican la fase del juicio oral».

La fase intermedia de instrucción de la causa contra los golpistas catalanes será «muy farragosa» y no tan ágil como en un procedimiento abreviado, ya que los autos de procesamiento de los acusados permiten la presentación de recursos, así como la petición de nuevas diligencias de investigación. Esto provocará que el proceso se alargue más en el tiempo.

A todo el procedimiento judicial habrá que sumar el elemento más complejo, la aparición o no de Carles Puigdemont en España y su previsible arresto, tras zafarse de la justicia española días antes de su declaración ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Mientras, el expresidente catalán continúa en Bruselas, después de que el juez Llarena decidiera paralizar las órdenes de detención internacionales para evitar que Bélgica le extraditara sólo por malversación, eludiendo los posibles delitos de rebelión y sedición, que conllevan penas mucho más altas.

De esta forma «el procesamiento se espera cerrar para mayo y para después del verano la conclusión del sumario. Posteriormente, vendrían los escritos de acusación y defensa que debido al volumen de la causa dejaría el inicio del juicio oral para noviembre o diciembre de 2018» concluyen.