El Supremo ordena a la UCO investigar 500 cuentas bancarias de Cerdán, Ábalos y cinco empresarios

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar cerca de 500 cuentas bancarias pertenecientes al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al ex ministro José Luis Ábalos y a cinco empresarios citados como investigados.

El auto de 46 folios, dictado este jueves y consultado por OKDIARIO, también ordena el clonado de los correos electrónicos corporativos de ambos dirigentes socialistas y pospone al 30 de junio la declaración «preceptiva» de Cerdán tras perder su aforamiento parlamentario.

La decisión judicial se basa en el informe de la UCO del 5 de junio, que aprecia «consistentes indicios» contra Cerdán por su presunta participación en el reparto de comisiones procedentes de adjudicaciones irregulares de obras públicas. Según el instructor, el ex dirigente socialista «pudiera ser éste, don Santos Cerdán quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas».

El auto extiende la investigación financiera a cinco empresarios —Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Antxon Alonso Egurrola— que serán citados entre el 4 y el 7 de julio como investigados. El juez considera que estos empresarios, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio».

La investigación incluye el acceso a las cuentas de correo electrónico corporativas tanto del PSOE como del Ministerio de Transportes. El instructor requiere al partido socialista que facilite a la UCO «la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía».

Según el auto, este correo habría sido facilitado por Cerdán a Koldo García «para que dirigiera a dicha dirección telemática ciertas comunicaciones relevantes». Del mismo modo, se ordena clonar la cuenta corporativa del ex ministro Ábalos en el departamento de Fomento.

La pesquisa bancaria abarca cuentas y productos financieros en los que Cerdán figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias. También se investigarán bienes inmuebles, vehículos e información tributaria para conocer la evolución de su situación financiera.

Las empresas objeto de investigación incluyen Acciona Construcciones, L.I.C, O.P.R. y Servinabar 2000, así como la fundación Fiadelso, «estrechamente vinculada a la persona del aforado en esta causa [Ábalos]».

Declaración obligatoria

El cambio de estatus de Cerdán tras renunciar a su escaño convierte su comparecencia en «preceptiva y en calidad de investigado», abandonando el carácter voluntario que tenía mientras mantenía el aforamiento. El juez ha accedido a posponer la declaración del 26 al 30 de junio para que el nuevo abogado del investigado pueda «desarrollar su defensa eficazmente».

Tras la declaración, el instructor evaluará «la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal» respecto a Cerdán, lo que abre la puerta a posibles restricciones a su libertad de movimientos.

El auto también solicita a ADIF y a la Dirección General de Carreteras los expedientes de adjudicación de once obras señaladas como irregulares: cinco ferroviarias (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y seis de carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel y Camino de Santiago).

El contrato privado

Entre los documentos incautados destaca un contrato privado de compraventa firmado el 1 de junio de 2016 entre el empresario Joseba Antxón Alonso y Santos Cerdán, por el que el primero transfiere al segundo «1350 participaciones sociales de las 3000 que constituyen la sociedad» Servinabar 2000.

El magistrado ha declinado investigar en el Supremo las conductas de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero, pese a apreciar «indicios consistentes» de su colaboración con el esquema corrupto. Considera que sus actuaciones fueron «instrumentales o accesorias», por lo que deduce testimonio la Audiencia Nacional.