El Supremo autoriza la exhumación de Franco y veta a la familia enterrarlo en La Almudena

El Supremo autoriza por unanimidad al Gobierno la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El destino de los restos del dictador será el cementerio de El Pardo, tal y como solicitaba el Gobierno, un lugar de enterramiento diferente a la madrileña catedral de La Almudena, destino que era la voluntad de los nietos desde un principio.

Transcurrida una hora desde que el Alto Tribunal comenzase a deliberar, la Sección Cuarta de la Sala Tercera rechaza así, sin votos particulares, el recurso presentado por la familia Franco en su totalidad. Y valida el Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez -posteriormente ratificado en sede parlamentaria- para la reforma de la Ley de Memoria Histórica que autoriza el traslado mortuorio.

La sentencia, cuyo ponente será el magistrado Pablo Lucas, se notificará íntegra a las partes en los próximos días, si bien los efectos de la deliberación de la Sala Tercera son firmes desde el momento en que se ha dado a conocer públicamente el sentido del fallo.

Con la decisión del Supremo se pone fin a una contienda judicial que se iniciaba el pasado mes de marzo, cuando los Franco anunciaban al Gobierno que darían la batalla para oponerse a la decisión ministerial de retirar los restos de su abuelo de la que ha sido su tumba en la basílica de Cuelgamuros durante los últimos 40 años.

Exhumación

Pocas dudas han existido a este respecto por parte del tribunal desde que comenzó a estudiar el caso. Tal y como avanzaba OKDIARIO, la posición del Supremo era casi unánime en el sentido de validar la exhumación.

Con la decisión de admitir la misma, la Sala Tercera da respuesta en contrario a la impugnación planteada por la familia en casación. Al ser los primeros personados en la causa y los afectados más directos de las órdenes ministeriales.

Sin embargo, fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que, como no podía ser de otro modo, el resto de recursos planteados -interpuestos por la Abadía benedictina, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, por este orden- serán solventados de acuerdo al criterio ya definido para los nietos.

Inhumación

El lugar donde reposará el dictador, una vez abandone el Valle de los Caídos, ha sido la cuestión que ha suscitado un debate jurídico más complejo en el Alto Tribunal. Reconocer a la familia en exclusiva su derecho a designar un enterramiento alternativo al actual o priorizar el interés general y evitar actos de exaltación de la figura de Franco, ha sido el último escollo que se ha visto obligada a salvar la Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo.

Los Franco han manifestado siempre que, de llevarse a efecto la exhumación, los restos debían ser trasladados a la madrileña Catedral de La Almudena. Tanto la única hija del dictador, Carmen Franco, como el marido de ésta, se encuentran enterrados en la cripta lateral del templo. El panteón familiar del que son propietarios los Franco fue adquirido por los herederos en el año 1987 y dispone de 2 nichos vacíos, del total de 4 que lo integran.

Sin embargo, y pese a que la propia reforma de la Ley de Memoria Histórica acometida por el Gobierno socialista no disponía, a priori, ninguna indicación concreta sobre la inhumación de los restos de Franco, el Ejecutivo ha mantenido una negativa férrea contra la posibilidad de que el destino último fuese el centro de Madrid.

Alegando, para ello, motivos de seguridad, graves riesgos de alteración del orden público e incluso el hecho de que La Almudena, por su condición, sea un objetivo terrorista de primer nivel. Algo que los herederos trataron de desvirtuar, en sede judicial, presentando al Supremo un informe de parte, de varios expertos en la materia, que negaba la existencia de cualquiera de las amenazas recogidas en el documento emitido por la Delegación del Gobierno de Madrid.

El Tribunal Supremo celebró el pasado mes de junio una vista pública para escuchar ambas versiones e interrogar a los peritos de los Franco, con el objeto de despejar las dudas que los magistrados tenían sobre la cuestión.