El Supremo y la Audiencia buscan «resquicios» legales para tumbar la amnistía de Sánchez

Los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional trabajan ya en la búsqueda de un resquicio legal en la Ley de la Amnistía para evitar in extremis su aplicación. Para ello, los jueces están analizando las leyes europeas. Por un lado, los magistrados del Alto Tribunal cuentan con el precedente de la malversación. Lograron esquivar la reforma del Gobierno pactada con los independentistas y se procesó a los líderes independentistas por ese delito. Por su parte, la Audiencia Nacional también prevé cuestionar la Ley de la Amnistía refugiándose en el derecho comunitario para así continuar causas como la del Tsunami en las que los líderes del procés están imputados por terrorismo.

Los magistrados no se rinden tras ver que se quiere amnistiar a corruptos condenados y procesados, así como a potenciales terroristas que alteraron el orden constitucional en España. El Tribunal Supremo quiere aprovechar las grietas de la norma -ahora en tramitación parlamentaria- para evitar el olvido de las condenas a los secesionistas.

Los magistrados planean repetir el antecedente en el que cuando, tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación en el Código Penal, consiguieron adaptar la causa del procés sin tener que renunciar a procesar al ex president de Cataluña, Carles Puigdemont y a los ex consejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí por malversación. La Sala rechazó aplicar el subtipo atenuado de malversación a estos políticos. También los jueces tumbaron las rebajas de penas por malversación confirmando la inhabilitación absoluta para Oriol Junqueras y Dolors Bassa hasta 2031 y para Raül Romeva y Jordi Turull hasta 2030. Así, los magistrados consiguieron esquivar la reforma pactada por Pedro Sánchez con los independentistas.

Ahora, el Alto Tribunal busca estrategias para frenar la Ley de la Amnistía. En un primer momento, como publicó OKDIARIO, la Fiscalía del Supremo quería elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías antes de aplicar la amnistía. Ahora, además, gana peso la opción de recurrir al derecho comunitario. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha afirmado que sería muy cuestionable amnistiar delitos de malversación.

La Audiencia se centra en terrorismo

La Audiencia Nacional -que juzga delitos de terrorismo- también centra esfuerzos en tratar de paralizar la amnistía apoyándose en las directivas europeas. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran a este periódico que se baraja consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cómo se aplica la Ley de Amnistía en causas de terrorismo como la del Tsunami. El objetivo es que sean las normas comunitarias las que frenen, como última opción, la maniobra del PSOE y sus socios independentistas.

La Ley de Amnistía abarca los delitos cometidos desde el 1 de enero de 2012 y supone el borrado de los delitos de terrorismo, a no ser que haya ya una sentencia firme, algo que no ocurre en la actualidad. Sin ir más lejos, este mes noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió a juicio a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo e imputó a Carles Puigdemont y Marta Rovira también por terrorismo en el marco de la investigación de Tsunami Democràtic.

Los jueces de la Audiencia están analizando la legislación comunitaria para no cerrar las causas que llevan años investigándose en los tribunales españoles. Ejemplo de ello es la Directiva de la Unión Europea 2017/541 que impide amnistiar a terroristas. Ahora, la Ley de Amnistía incluye el olvido de conductas terroristas si aún no hay sentencia como, por ejemplo, los atentados contra la integridad física de una persona o el apoderamiento ilícito de medios de transporte. Ambos hechos mencionados se podrían atribuir a movimientos violentos como los CDR, que llegaron a armarse de explosivos, o a ciertas acciones del Tsunami como el asedio al aeropuerto de El Prat.

Consulta a los juzgados de El Prat

La directiva europea también establece que son terroristas los atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte. Y en este punto se están centrando las investigaciones de la Audiencia Nacional. Según fuentes judiciales, se va a solicitar a los juzgados de El Prat de Llobregat información sobre el turista francés de 65 años que murió durante los disturbios en el aeropuerto. Falleció a causa de un infarto después de caminar cuatro kilómetros para llegar al aeropuerto ante el bloqueo provocado por los manifestantes vinculados a la plataforma independentista de Tsunami.

Pero la directiva europea va más allá y acota como terrorismo los movimientos que tienen como objetivo desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional. Según el informe del Servicio de Información de la Guardia Civil publicado por este periódico, la plataforma independentista Tsunami Democràtic en efecto actuaba como un grupo organizado que tenía como objetivo causar daños al Estado español.

Tras recibir este documento, el juez Manuel García-Castellón imputó por terrorismo a los líderes del procés y previsiblemente la causa llegará a los tribunales europeos para que sea el derecho comunitario el que tenga la última palabra. En todo caso, fuentes judiciales prevén que la amnistía no estará aprobada antes de febrero como muy pronto, así que continuarán con los procedimientos abiertos. Los jueces ven las directivas de la Unión Europea como la vía más viable para frenar la Ley de Amnistía a nivel jurídico.

Dos expertos en Derecho Constitucional, José María Pernas y Sergio Berenguer, coinciden a consultas de OKDIARIO que «no se pueden amnistiar los delitos de terrorismo y de malversación». «Es jurídicamente muy problemático, pero ni estos ni en el resto de delitos; al menos, no en estas condiciones y con nuestra actual Constitución. Pero, además, ni la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, ni ninguna otra, prevé la posibilidad de una amnistía», razonan.