El sumario de la cloaca revela que un empresario preguntó a Leire Díez si «Pedro estaba al tanto» y le respondió: «Sí»

Joaquín Parra, empresario investigado por fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, ha declarado ante agentes de la Guardia Civil que preguntó a Leire Díez si «Pedro» —en aparente referencia al presidente del Gobierno— estaba al tanto de las gestiones que ella le prometía para retirarle la acusación fiscal en sus causas, y que ella «respondió afirmativamente».

Así consta en el sumario del caso consultado por OKDIARIO. Este empresario andaluz fue llamado a declarar el 28 de mayo de 2026 en la Comandancia de Tres Cantos, Madrid, en el marco del caso las cloacas del PSOE declaradas secretas y tuteladas por el juez Santiago Pedraz.

La declaración de Parra es una de las 16 recogidas por la UCO de la Guardia Civil entre el 27 y el 29 de mayo de 2026 en el marco de esas diligencias, que investigan la comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción.

Parra, nacido en Dos Hermanas, Sevilla, en 1967, fue presidente del Club Deportivo Badajoz entre 2019 y 2021 y ha operado en el sector de los hidrocarburos. Ha sido condenado, en sentencia no firme, por la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con la empresa Carburantes Nafta, cuyo suministrador único era Hafesa. Actualmente tiene pendiente un recurso de apelación.

Según declara Parra, el también empresario Javier Pérez Dolset le presentó a Leire Díez en el verano de 2024, en la casa de Dolset en Tarifa. Leire Díez se presentó como una persona que podía ayudarle con sus causas judiciales.

Cuando Parra le preguntó por qué había decidido ayudarle, ella respondió literalmente, según el acta: «Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar». Todo ello en clara referencia a Pedro Sánchez. Daba a entender que era emisaria del jefe del Ejecutivo.

A cambio de esa ayuda, Díez Castro le pidió información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la juez que instruía la causa judicial referida al hermano del presidente del Gobierno.

Posteriormente, Díez Castro le propuso que interpusiera una denuncia contra Repsol con la ayuda del abogado Jacobo Teijelo. Según Parra, el fin de esa denuncia era «producir un cambio en la directiva de la citada sociedad favorable a los intereses del Gobierno». Fue en ese contexto cuando Parra, según cree recordar, preguntó a Leire Díez si «Pedro» estaba al tanto, y ella «respondió afirmativamente».

Leire Díez también le prometió que podía ayudarle retirando la acusación en las causas que le afectaban, para lo cual estaba en contacto, según le trasladó, con la fiscal María Teresa Verdugo de Málaga y con Rosana Lledó, de la Audiencia Nacional. Leire Díez «hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno, y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores».

Sin embargo, Parra no aceptó las condiciones. Leire Díez había impuesto que prescindiera de cualquier otro abogado y aceptara a Teijelo como su letrado en la totalidad de sus procedimientos. Según Parra, el interés de Díez Castro en Teijelo se debía a que era un abogado «pro-PSOE».

Presiones y amenazas

Parra ha declarado que ninguno de los beneficios prometidos llegó a materializarse. Más aún: Leire y Dolset llegaron a advertirle de que, «de la misma manera que podrían ayudarle, también podrían perjudicarle».

El empresario cree que, como consecuencia de no haber aceptado el trato, el contacto que Díez Castro tenía con la fiscal Verdugo fue empleado posteriormente para perjudicarle. Añade que, como corolario de esas gestiones, «Verdugo habría obtenido un cargo político en el Ministerio de Igualdad».

Parra ha descrito también la existencia de un grupo de WhatsApp llamado «Vacaciones y Viajes», integrado por él mismo, Díez Castro, Dolset y Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, juez condenado y apartado de la carrera, donde compartían información y coordinaban actuaciones.

Entre los objetivos del grupo figuraba, según Parra, «quitar de en medio» a personas como el fiscal José Grinda, el magistrado Marchena o Víctor de Aldama, para lo cual buscaban activamente informaciones perjudiciales para su reputación.

Parra ha relatado además que Díez Castro instruyó a Sáenz de Tejada para que remitiera denuncias directamente al Fiscal General del Estado porque, según ella, «tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando».

Este testimonio se enmarca en una investigación más amplia que, según las actas, documenta una red de contactos destinada a modificar declaraciones judiciales, presionar a investigados para que cambiaran de abogado y recabar información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil.

Una nota interna del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, fechada el 29 de abril de 2025, ya alertaba de que Díez Castro «presume de tener un control sobre la cúpula directiva de la Guardia Civil y, de forma concreta, sobre su Directora General».

La declaración de Parra contiene, en apenas una línea, la pregunta que todo el expediente parece orbitar sin acabar de responder: quién sabía qué, y hasta dónde llegaba ese conocimiento. Por ahora, solo hay una respuesta documentada, y la dio, según Parra, la propia Leire Díez.